Elena Fonseca

Nuestro gobierno acaba de recibir una fuerte reprimenda por su comportamiento hacia los derechos de las mujeres. Nada menos que el Comité de Expertas de la CEDAW1 -muchas de ellas redactoras de la propia Convención- castiga («castigates» en inglés puede ser castiga, censura o critica según la acepción que se elija) a nuestro gobierno por la lentitud del progreso hacia la equidad de género en Uruguay.

Esta sensación amarga que, por más que nos duela, no es una novedad para cualquiera que mire nuestra realidad a través de cantidades y calidades de vida de las uruguayas, se vio multiplicada por la vergüenza. Las lastimosas explicaciones dadas por los y las representantes de nuestra Cancillería en Nueva York dan prueba de que el Ministerio de Relaciones Exteriores todavía no se ha puesto las pilas para capacitar a su funcionariado en temas de género, ni ha medido la imagen de atraso que produce encarar estos temas de manera tan superficial, o tan "light", por decir algo.

¿Porqué el Informe de la Cancillería se permite desconocer, más, ocultar el drama que encierran las pocas cifras que se conocen, con relación a violencia doméstica, salud, legislación, remuneración del trabajo, participación política? ¿Creyó el gobierno que las respuestas "lavadas" iban a ser suficientes para las expertas, y "a otra cosa, mariposa?" Claro, que mueran en Uruguay aproximadamente 20 mujeres por año a manos de sus cónyuges o ex cónyuges, no son cifras que interesen al FMI.

Los datos de los informes «Sombra» aportados a la CEDAW por la Comisión Nacional de Seguimiento de Beijing, a través de Graciela Sapriza, y por Cladem-Uruguay a través de Graciela Dufau, no son un misterio para nadie, están al alcance de cualquiera que se preocupe por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales sobre las mujeres, y en ellos sí, aunque moleste a algunos, se habla de lo que podría hacerse y falta por hacer.

Uruguay no envió una delegación especial para presentar el Informe, nombró para esa misión a la Delegación Permanente ante la ONU, alegando la situación económica del país. Esto, que sería bastante razonable, no explica porqué el documento fue tan pobre: "le falta información ... no sigue los lineamientos prescritos ...está atrasado en varios años... no informa acerca de qué fondos han sido destinados a la implementación de la Convención, o a la Plataforma de Acción", señalaron preocupadas las Expertas, más asombradas todavía cuando oyeron la respuesta oficial de a qué se debían esas carencias: "es que la información vino de diferentes fuentes y tuvo que ser agrupada en un solo informe... además las contribuciones llegaron a último momento... y la persona que lo redactó no tuvo el tiempo necesario para darle una estructura adecuada" (!!!) A veces más vale callar, por aquello de que "gallo cantor, acaba en el asador".

La falta de recursos, de nuevo por la desastrosa situación económica del país, fue la justificación de la Delegación uruguaya, ante la escasez de presupuesto para movilizar la maquinaria de género, sin explicar porqué no se tomaban medidas -que no siempre son costosas-. "Lo que falta para aplicar la Convención es voluntad política y dedicación" fue la réplica de la CEDAW.

El Comité demostró preocupación por el aumento de los embarazos adolescentes "niñas teniendo niños, ¿por qué?". La respuesta de la Delegación fue que los anticonceptivos estaban disponibles en el país, que existían programas para su uso y que se estaban haciendo esfuerzos para reducir el número de estos embarazos... sin especificar dónde, cómo y cuáles. Se hizo referencia, sin embargo, a las dificultades que hay para introducir textos que incluyan la educación sexual y se mencionó el debate público acerca de uno de ellos.

Las Expertas se preguntaron porqué el alto nivel educativo de las mujeres en Uruguay no se compaginaba con su baja participación en cargos superiores. "Cuando yo ejercía la profesión había muchas juezas y si no están en los niveles superiores es porque en algún momento de sus vidas renuncian por razones personales y se dedican a ejercer una profesión liberal", fue la insólita respuesta del Delegado Permanente, considerando suficiente explicación de porqué raramente llegan a los altos cargos del Poder Judicial; "si las mujeres están tan bien educadas y calificadas, ¿por qué ‘no se les permite’ entrar en política?" fue otra área enfocada por la CEDAW.

Una de las expertas consideró que las leyes de aborto en el Uruguay eran una afrenta a la dignidad de las mujeres. La explicación asaz poco académica de la Delegada Permanente, cuando aquélla le recordó la ley sobre Violación en Uruguay - que exime de pena al violador si ofrece matrimonio a la víctima y ésta acepta - fue que si bien existía tal legislación, "nadie tenía interés en cambiarla, porque de hecho estaba en desuso", olvidándose del peso conceptual de una ley, se aplique o no se aplique. Y sin tomar en cuenta que esa ley acepta implícitamente que la violación de una mujer no es tan importante como el "honor" de la familia. Sin tomar en cuenta tampoco la función educativa de las leyes y el mensaje que conllevan.

"Meras palabras"; "un pésimo informe"; "desagradable oír algunas respuestas"; "el país fracasó completamente"; "¿tiene Uruguay realmente la voluntad política de implementar la Convención?".

Pero algo bueno puede sacarse de tantos desaciertos: el Ministro de Relaciones Exteriores y su colega de Educación y Cultura fueron convocados a la sesión del 4 de abril pasado a la Comisión Especial de Género y Equidad. Allí oyeron las preocupaciones de sus integrantes sobre la castigada presentación del informe oficial ante el Comité de Expertas de la CEDAW. Ambos se presentaron acompañados de un nutrido y calificado grupo de asesores de sus respectivos ministerios, oyeron, seguramente reflexionaron, aceptaron algunas omisiones (en particular el segundo de los nombrados) y se comprometieron que para la redacción del próximo informe serían convocadas las ONG. Por otro lado acordaron dar más relevancia política al tema y atender a una efectiva aplicación de la CEDAW. En una palabra, cumplir con lo que nuestro país firmó y ratificó.

 1 «Convención para erradicar, prevenir y sancionar toda forma de discriminación contra las mujeres», CEDAW , por su sigla en inglés, reunida en enero de 2002 en Nueva York.