Piden audiencia a Ministra Tourné por posible abuso policial contra mujeres detenidas por abortar

Procedimientos considerados abusivos y riesgosos para la salud de mujeres que fueron detenidas por abortar motivaron una solicitud de audiencia a la Ministra del Interior Daisy Tourné, firmada por Amnistía Internacional (Sección Uruguay), Casa de la Mujer de la Unión, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Cotidiano Mujer, Instituto Mujer y Sociedad (IMS) y Red Uruguaya de Autonomías (RUDA)

"Entendemos que se trata de una situación éticamente inaceptable, con independencia del sustento legal de la investigación judicial, ya que desde hace un año 9000 ciudadanas y ciudadanos uruguayos han admitido públicamente estar incursos en delitos de aborto sin consecuencias de ningún tipo para ellos", dice la solicitud de audiencia a la titular de Interior

Agrega que "las noticias divulgadas hoy (1/5/2008) refieren también a 'malos tratos' de los funcionarios policiales contra las mujeres indagadas, y posibles abusos ante profesionales de salud requeridos para completar la investigación".

"Esta situación constituiría una agresión inaceptable contra los derechos de las mujeres, especialmente las más desprotegidas. Por esa razón solicitamos a usted tenga la amabilidad de recibirnos en audiencia a la mayor brevedad, para conocer directamente cuales son las orientaciones y directivas del Poder Ejecutivo sobre esta grave situación", concluye la carta que concluye ofreciendo como direcciones de respuestas el correo rudas@adinet.com.uy y teléfonos 9030393 - 9012714 int.39

ALLANAMIENTOS, DETENIDOS, REQUISAS

Con el título "Dos clínicas clandestinas, 11 indagados y una polémica. Aborto. Un médico cuestiona el procedimiento de la policía", el matutino El País, en su edición de hoy relata que en el allanamiento fueron detenidos varios médicos que quedaron emplazados.Por su parte radio El Espectador informó que las clínicas investigadas serían cuatro.

"Durante al menos tres semanas, informa el matutino, investigadores del Departamento de Orden Público de la Jefatura de Policía trabajaron en la detección de dos clínicas clandestinas", que fueron allanadas "requisando instrumental médico y deteniendo a varias personas entre profesionales y mujeres que se proponían interrumpir voluntariamente sus embarazos".

También se requisaron "agendas con teléfonos y nombres de mujeres que habían pasado por las clínicas hacía pocos días" y los once detenidos fueron conducidos ante la jueza penal Gabriela Merialdo, quedando todos emplazados luego de la audiencia.

CUESTIONAMIENTO ÉTICO DE MÉDICOS

El mismo diario informa que "el caso reveló aristas más complejas a partir de los cuestionamientos que lanzó el médico a cargo de la emergencia ginecológica del Hospital Pereira Rossell, al que fueron conducidas algunas de las indagadas para que se le realizaran estudios. Las críticas, empero, son rechazadas desde la Dirección de Investigaciones que sostiene que el procedimiento fue dispuesto por la magistrada".

El médico ginecólogo Francisco Coppola, jefe de la emergencia del servicio ginecológico del Pereira Rossell y también catedrático de la Facultad de Medicina y presidente del Consejo Arbitral del Sindicato Médico, fue el profesional que recibió a una de las mujeres conducidas por la Policía, que buscaba determinar si la misma había sido objeto de un aborto quirúrgico. El profesional cuestionó el procedimiento policial durante la investigación, agrega el matutino.

"La función nuestra es velar por la salud de la gente, no determinar si hubo o no hubo un delito, tenemos un manual de procedimientos que es muy claro y definido en cuanto a preservar la consulta médica", dijo Coppola a El País.

"Si los médicos hicieran denuncias penales la gente no iría más a las consultas", argumentó el médico.

Coppola señaló que tuvo problemas desde el primer momento en que se presentó una agente policial junto a la paciente que traía para estudio. En principio, porque la funcionaria no quería abandonar el recinto mientras el médico examinaba a la paciente. "La funcionaria me dijo que actuaba bajo orden judicial, le pedí la orden judicial, no me la dio, le pregunté quién era el juez, no me lo dijo", recordó Coppola.

En declaraciones a El Espectador Coppola dio mayores detalles del procedimiento: "Estando yo de guardia, fue conducida una paciente por medio de la Policía, solicitando que se informara si se había hecho un aborto. En ese contexto, le expliqué a la Policía que no podía ver a un paciente frente a ellos y eso suscitó una pequeña discusión. En segundo término, les expliqué a los oficiales que no iba a emitir un diagnóstico por escrito, ya que no corresponde porque la paciente y el médico tienen un ámbito de confidencialidad, que no puede ser relevado ni siquiera por el juez. Esto generó un malestar también. Y en tercer término, yo no puedo examinar a un paciente que no quiere, por más que esté detenido por la policía. Finalmente logré tener un ámbito de privacidad con la paciente, le expliqué sus derechos y ella quiso que la examinara".

VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PELIGRO DE MUERTE

Según El Espectador, los agentes policiales trasladaron a las mujeres detenidas al Hospital Pereira Rossel "para que fueran examinadas y se determinara si se realizaron la intervención para finalizar el embarazo. Pero en esos procedimientos habrían sido maltratadas por la Policía e incluso la forma en que se pidió el diagnóstico médico violaría las leyes sobre confidencialidad", sostiene la radio.

"Desde el 14 de abril en adelante, varias mujeres fueron conducidas por la Policía al Hospital Pereira Rossell, para que médicos de ese centro las examinaran y comprobaran si en los últimos días habían sido objeto de un aborto quirúrgico. Algunas de ellas denunciaron ante los médicos malos tratos por parte de la Policía, por ejemplo, dijeron que las tuvieron durante 24 horas en la comisaría, incomunicadas", agrega El Espectador.

El doctor Coppola dijo a El País que, finalmente, logró conversar a solas con la paciente que accedió a ser examinada. "Me enteré entonces que esta paciente estaba incomunicada desde hacía varias horas, yo le expliqué sus derechos", señaló.

El profesional aseguró que, según le consta, varias de las pacientes que fueron conducidas presentarán reclamaciones ante la Justicia por el proceder policial.

Coppola dijo, asimismo, que se propone llevar el tema al ámbito académico. "Tenemos un convenio vigente entre el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina y el Sindicato Médico que es muy claro en esta materia", indicó.

En el Pereira Rossell "hay mucha molestia por como se comportó la Policía en este episodio·, informa El País. Incluso, "es tanta la molestia y la preocupación generada, que en el Pereira Rossell hay un movimiento para determinar los pasos a seguir en este tema".

Pero además, Cóppola explicó que "el problema es que ni los jueces ni la Policía pueden exigir al médico un diagnóstico por escrito, ya que la ley ampara la confidencialidad del diagnóstico que determina un médico frente a un paciente. Es más, el médico puede incurrir en delito penal si divulga un diagnóstico en contra de la voluntad del paciente".

Al menos cuatro de las mujeres que fueron examinadas en estas condiciones tienen pensado iniciar acciones legales contra el proceder policial, informó la radio

Este tema ya está sobre la mesa del Ministerio del Interior y según fuentes de esa cartera, se comenzará una investigación para determinar exactamente cómo actuaron los oficiales en este episodio y si efectivamente hubo o no maltratos, agrega

El Espectador informa que "fuentes judiciales hablaron de que una de estas mujeres que fueron examinadas estaba en riesgo de vida cuando llegó al hospital. Tenía una infección muy fuerte producto del aborto clandestino que se le había realizado, y, según dijeron, si no se hubiera atendido a tiempo podría haber muerto".

Por su parte, Leonel Briozzo, profesor adjunto de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina, dijo a La Diaria que "los médicos -como tienen que hacer- se opusieron a realizar algo que las mujeres no quisieran. Creo que se actuó de la manera adecuada desde el punto de vista médico, salvaguardando la confidencialidad y sin dar información a la policía. Lo principal es mantener el secreto profesional".

Al igual que su colega Coppola, Briozzo dijo a La Diaria que muchas veces la policía exige diagnósticos a los médicos e incluso presenta órdenes judiciales para conseguirlos, y subrayó que los médicos no tienen por qué brindárselos."Un médico debe hacer lo que es mejor para su paciente y eso es más viejo que la medicina y fue instaurado por Hipócrates".

El método "no corresponde", coincidió Cóppola, que ya ha tenido problemas por ese tipo de procedimiento a contramano con la ética profesional. "Pienso que hay un gran desconocimiento. Nuestro deber es para con los pacientes, no tiene por qué haber policías en las puertas de los hospitales", concluyó.

Fuentes: Carta solicitud audiencia Ministra Tourné 1/5/2008.

Diario El País: 2/5/2008 http://www.elpais.com.uy/08/05/02/pciuda_344267.asp

Radio El Espectador: 1/5/2008 http://www.elpais.com.uy/08/05/02/pciuda_344267.asp

La Diaria, 2/5/2008 "Entre el espéculo y la pared"