Derechos Humanos

Seguimiento de la CIPD en América Latina y el Caribe después de 2014. Documento Técnico

 

La IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) realizada en El Cairo 1994 constituyó un cambio de paradigma en la relación entre población y desarrollo: del control demográfico se pasó a un enfoque de derechos. En ese sentido, se proyectaron nuevas relaciones entre dinámicas demográficas, sustentabilidad ambiental y derechos, en especial de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes.

 

Los 179 países que participaron de la Conferencia aprobaron el Programa de Acción de la CIPD (PA - CIPD), que consta d euna serie de objetivos y metas. Al cumplirse vientea;os de la Conferencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso el seguimiento del PA-CIPD.

 

El potencial transformador del PA- CIPD se hizo posible gracias al impulso que le dieron las distintas organizaciones y movimientos de mujeres y de género previamente a la realización CIPD y los años posteriores.  En América Latina y el Caribe (LAC), la participación de las organizaciones no gubernamentales ha sido clave para el seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados. Desde hace dos años, más de cincuenta redes, coaliciones nacionales e internacionales, campañas y organizaciones de los movimientos LAC se agruparon en la Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe (Articulación Regional(. La Articulación tiene por objetivo definir y concertar una estrategia de incidencia política que permita sentar las bases para un seguimiento del proceso, indentificando cuales son las demandas irrenunciables de las mujeres vinculadas al consenso de la CIPD, y las mejores vías para garantizar que dichas demandas sean consideradas en todas las resoluciones y acuerdos que conducen hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde emergerá el mandato del PA-CIPD luego de 2104.

 

Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe

Aportes para un contexto - Movimientos sociales e Iglesia Católica

Queridos/as:

En la carta que enviaron a las organizaciones participantes de la reunión ( región LAC de la  AOED, Alianza de Organizaciones para la Efectividad del Desarrollo) incluyeron un análisis que tiene elementos con los que discrepo profundamente. Envío estas líneas para que tanto la definición del contexto, como el debate que tengamos sobre estrategia, incluya las distintas perspectivas que tenemos. 

 

Durante muchos años, yo, como tantos miles y miles,  dudaba si finalmente sería posible o no que tuviéramos en nuestra región gobiernos de izquierda, progresistas. Esto es, gobiernos para el cambio. Gobiernos que basados en el sistema democrático, harían de la justicia social, la equidad y los derechos humanos el motor que ampliara la libertad y la igualdad de oportunidades democratizando la democracia.

 

 Y fue posible. Lo hicieron posible miles y miles, millones y millones de latinoamericanos que lucharon durante décadas para que la pobreza se redujera, la educación aumentara, y tantas cosas más que hemos logrado mejorar en esta década. Pero ¿No merecemos nada más? La democratización de la democracia, ¿no implicaba también la ampliación de las libertades? ¿No implica cumplir cabalmente con los principios de igualdad y no discriminación? ¿No implica obediencia a las mayorías y respeto a las minorías?

 

Desilusiona y averguenza saber que en algunos temas, los gobiernos progresistas de nuestra región (gobiernos avestruces, como los llama Martha Lamas ) sean tan retardatarios como los de la derecha: no cambia el conservadurismo de gran parte de la clase política, no cambian las malas mañasde algunos para negociar a escondidas de la gente, no cambia la mezquindad de los calculistas (errados) de votos. No cambia el ninguneo a la libertad, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres.

 

LA TRANSNACIONAL DE LA MORAL

 

 Una niña de 11 años, violada por su padrastro, fue el primer caso de aborto legal después que la Corte Constitucional de Colombia lo despenalizara en tres causales. La iglesia católica excomulgó a los médicos que lo practicaron, pero NO al violador. En Brasil, se le practicó un aborto a otra niña de 9 años, también violada por su padrastro. Esta vez la iglesia excomulgó a los médicos, y ya que estaba, excomulgó a la madre. Y por supuesto, esta vez  TAMPOCO excomulgó al violador.

 

 Casos como estos hay muchos en América Latina y el Caribe. Siempre hay miles y miles de mujeres que deciden abortar porque las violaron, porque está en riesgo su salud, porque el método anticonceptivo falló, porque no tienen medios económicos para mantenerlo, porque tienen un proyecto de vida que no pasa por ser madres.

 

 Lo increíble es que siendo las mujeres las únicas que pueden embarazarse y las únicas que pueden abortar, sean abrumadoramente los varones quienes deciden que ellas no tienen derecho a decidir si quieren continuar o no con el embarazo. Pero cuando esos varones son además quienes dirigen la iglesia católica, hombres que tienen  prohibido relacionarse sexualmente y que no pueden reproducirse por estar destinados a servir el reino de los cielos, más que increíble es aberrante que se permitan opinar como lo hacen.

 

Siempre lista y rápida para condenar a las mujeres llamándolas criminales, no se sabe a cuánto asciende la cantidad de niños y niñas violados en el interior de la iglesia católica en Irlanda, Alemania, Holanda, Estados Unidos, México, España, Chile, Brasily así sucesivamente, porque a medida que saltan las denuncias parece que la transnacional de la moral y las buenas costumbres se ha tomado literalmente aquél Dejad que los niños vengan a mi.

 

Me parece muy bien que el Papa Francisco pida disculpas, pero la jerarquía de la iglesia católica es culpable del delito criminal de encubrimiento y por lo tanto, es delincuente: curas, arzobispos, obispos, cardenales y papas han estado tapando durante décadas los casos de abuso y violación.

 

En nuestros países hay libertad de cultos y libertad de expresión. ¿Está bien, entonces, que los obispos digan lo que se les antoje?¿está bien que salgan a amenazar a los legisladores/as para impedir que voten leyes a favor de la unión civil o el matrimonio homosexual? ¿Está bien que  los legisladores de nuestra región sean amenazados por la iglesia si votan leyes que defiendan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción?

 

La Prof. de Derecho Julieta Lemaitre (Anti-clericales de nuevo: La Iglesia Católica como un actor ilegítimo en materia de sexualidad y reproducción en América Latina) sostiene que no, y entre otros, desarrolla tres argumentos que me parecen fundamentales.

 

El primero es que la deliberaciónes uno de los elementos constitutivos de la democracia y sin participación política no hay deliberación. La iglesia es dogmática, invoca  verdades reveladassólo a ellos y quienes no las creen carecen de autoridad para debatir. No aceptan el pluralismo ni respetan el derecho a pensar y expresarse que tiene cada  ciudadano/a o los distintos grupos de interés, sean éstos otras iglesias, o las feministas o los no creyentes, por ejemplo. Como sostienen en tantos documentos hay principios que no son negociables en la vida política. Entonces, si ellos mismos decidieron sacarnos del debateNo hay más que hablar.

 

El segundo argumento es que sus posiciones son sexistas. Por lo tanto son discriminatorias y antidemocráticas. En Mulieris Dignitatem  (Juan Pablo II) sostiene que la dominación masculina es resultado del pecado original cometido por las mujeres y Ratzinger no mejoró las cosas. Consideran que estamos hechas para el amor y la entrega. Por eso promueven la subordinación de las mujeres y aunque haya católicas que piensen que podrían oficiar misa y ejercer el sacerdocio, está prohibido: el Papa Francisco tampoco las cree aptas. ¿Tiene legitimidad para hablar quien deslegitima a las otras voces?

 

La tercera razón por la cual la iglesia está deslegitimada para participar del debate público es que tiene un poder inmenso tanto en lo político como en lo económico y no tiene ningún prurito en utilizarlo incluso a través de sociedades secretas o parcialmente secretas (llámense Opus Dei, Los caballeros de la Virgen o lo que sea). Como dice J. Lemaitre En muchos foros se ha planteado la importancia de pensar con claridad los límites a las instituciones poderosas, independientes del estado y con pocos controles democráticos, empezando por las mismas compañías multinacionales. La Iglesia Católica plantea un problema similar, es una multinacional de la moral, igualmente rica, poderosa y ajena a los controles democráticos.

 

La iglesia decide que el aborto es un pecado y el estado decide que el aborto es un crimen. Todos deciden sobre un cuerpo ajeno. Mientras, se está violando el derecho a la libertad, la igualdad, la vida, la salud y la integridad de las mujeres.

 

Las creencias y los valores forman parte de nuestra libertad de conciencia y nuestras opciones individuales. Decidir abortar o no, no es una decisión sencilla, pero en todo caso, es una decisión que responsablemente debe descansar antes que en nadie en las propias mujeres.

 

Tanto en el XI Encuentro Feminista en México, como en los Foros Sociales y los debates que la AFM promoviera en Colombia, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil; tanto en las actividades y publicaciones de CDD, RMSLAC, IGHLRC, Campaña por la Convención, como de miles de organizaciones de mujeres en Argentina,  Dominicana, Nicaragua, Venezuela,  etc., etc., es evidente que para las feministas, defender la laicidad de los estados es absolutamente estratégico.

 

Es un requisito democrático, es casi una pre-condición para cuestionar el sexismo, la división sexual del trabajo, la exclusión de las mujeres de los espacios públicos de decisión. Como expresa Marta Lamas “… el feminismo no sólo se propone corregir una democracia "imperfecta", ampliando el área de los temas y la esfera de influencia de sus reglas, sino que plantea como imprescindible desarrollar un pensamiento y una práctica políticos que reconozcan la existencia de la diferencia sexual. Sólo la maduración de prácticas políticas feministas llevará a una transformación del balance del poder entre hombres y mujeres. Esta tarea implica producir hechos y conceptualizaciones que, por una parte, afirmen en la sociedad la diferencia sexual y, por otra, cambien las relaciones entre las mujeres. (Lamas 1992)

 

En la lucha por la legalización del aborto, las feministas estamos haciendo algo más que buscar su despenalización. Estamos ampliando el debate sobre la libertad y la igualdad, porque el derecho que tienen todas las personas a decidir sobre su propio cuerpo, no es una cuestión de fe. Es una cuestión de democracia.

 

Un abrazo,

 

Lucy Garrido

 

P.D: lo que escribí es una re elaboración y síntesis de artículos y posicionamientos anteriores que, desgraciadamente, siguen vigente.

 

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

22 de diciembre de 2014

Luego de casi 80 años sin que el país tuviera oportunidad de discutir integralmente un Código Penal, hace 4 años el parlamento uruguayo tiene a estudio un proyecto de ley. Múltiples han sido las esperanzas depositadas en esa discusión, oportunidad única para que el Uruguay, respetuoso de los derechos humanos, diera un paso más.

Durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales de derechos humanos vienen señalando graves falencias en el derecho penal uruguayo. Entre ellas cabe destacar que es el único país de América Latina que mantiene los delitos sexuales bajo el titulo "Delitos contra las Buenas Costumbres y el Orden de Familia" , la necesidad de mejorar la tipificación del delito de tortura o tipificar las distintas formas de violencias hacia las mujeres, consagrando por ejemplo el delito de femicidio.

El propio Estado ha señalado en distintos informes país a organismos internacionales la necesidad de reformular las normas penales y se ha comprometido a hacerlo en la reforma penal a estudio.

Oportunamente se presentaron importantes aportes presentados a la comisión parlamentaria, pero todas esas voces que señalaban la necesidad de que el Estado Uruguayo avance no han sido suficientes para que la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes[1] haya entendido la importancia del tema, ya que ha decidido hacer oídos sordos a las recomendaciones provenientes del ámbito nacional y a los compromisos asumidos en Convenciones y tratados internacionales. Esta forma de proceder hace pensar que las instancias de participación fueron utilizadas para legitimar el accionar de la Comisión pero no para atender las recomendaciones debidamente fundadas.

Este nuevo proyecto de Código Penal no sólo está muy lejos de consagrar nuevas figuras penales que atiendan la realidad uruguaya, sino que implica un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado.

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Rivera: explotación sexual y trata en la frontera. Informe de Nausicaa Palomeque 11/12/2014

Investigación periodística realizada por Nausicaa Palomeque en el marco de una propuesta de Cotidiano Mujer de visibilizar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes desde una mirada feminista. Se aireó en el programa No Toquen Nada 11/12/2014

 

Rivera: explotación sexual y trata en la frontera. Informe de Nausicaa Palomeque 11/12/2014 by Cotidianomujer on Mixcloud