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SEMINARIO
3
de Octubre de 2005 |
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DÍA
DEL HÁBITAT:
ALGUNOS ASUNTOS PENDIENTES
Montevideo
3 de octubre de 2005
Liliana Rainero
Nos convoca la celebración del Día Mundial del Hábitat,
bajo el lema de Naciones Unidas "La Ciudad y los Objetivos del
Milenio". Las metas del milenio son un referente, indicativo fundamentalmente,
de los límites de nuestras sociedades, para alcanzar lo que socialmente
se ha consensuado como el derecho a la ciudad como un derecho humano,
en un contexto de urbanización acelerada del mundo, del cual
participan también los países de América Latina
donde más del 80% de su población vive actualmente en
áreas urbanas.
Las profundas inequidades sociales que se expresan en las diferentes
condiciones de vida en el territorio de las áreas urbanas y rurales
de nuestros países, sabemos que no es ajena a un sistema económico
cuya lógica intrínseca es la obtención de mayores
beneficios. Por el contrario, dicho sistema constituye la base que sustenta
las condiciones de pobreza e indigencia de grandes sectores de la población
mundial y de los países de la región en particular.
En este sentido, una crítica sustantiva a los Objetivos y Metas del Milenio que se proponen reducir la pobreza, es sin duda el hecho que la estructura económica mundial que origina las enormes desigualdades e inequidades entre países ricos y pobres, entre regiones y distintos sectores sociales de un mismo país no es cuestionada: las injustas reglas de comercio internacional, la falta de control de los capitales, la concentración de poder de las instituciones financieras.
El objetivo ocho (8), central para el cumplimiento de los demás objetivos, porque propone una alianza global para el desarrollo, las metas e indicadores establecidos para el mismo focalizan en lo que deben hacer los países más pobres para alcanzar las metas del milenio, pero no hace referencia a la responsabilidad de los actores globales más importantes. Éste es sin duda un punto central en el debate a la hora de pensar la viabilidad cierta del cumplimiento de los objetivos, entre los que se encuentra el desarrollo sustentable y reducir la población mundial que vive en asentamientos precarios, sin acceso a servicios básicos.
Este es el contexto dentro del cual nuestros países deben asumir el desafío de hacer efectivo el derecho a la ciudad de todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusión. Desde esta perspectiva crítica podemos abordar, no obstante, las metas del milenio como una herramienta más para exigir la distribución equitativa del presupuesto en el territorio de nuestras ciudades que garantice el acceso a condiciones de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía.
La
mayoría de los países de la región reconocen el
derecho a la vivienda como un derecho humano de todos los ciudadanos
y ciudadanas. Este derecho reconocido ya en 1948 en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948) fue ratificado por el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC) que refiere
al derecho a la "vivienda adecuada", como parte del derecho
a una "vida adecuada". Esto implica un concepto no restrictivo
de vivienda, (es decir no limitada a "un techo") y en este
sentido es importante el reconocimiento explícito de que el derecho
a la vivienda implica simultáneamente el derecho a un entorno
que garantice accesibilidad al trabajo, a la educación, a la
cultura, a la recreación, a la información, a la seguridad,
a todos los servicios de que dispone cada sociedad según su grado
de desarrollo.
Sin duda que este reconocimiento es un avance y un logro de la ciudadanía
mundial, en primer lugar porque asigna a los Derechos Económicos
Sociales y Culturales, el status de los derechos políticos y
civiles y al mismo tiempo deja explícito el compromiso de los
Estados nacionales ante sus respectivas sociedades y sus pares internacionales
para efectivizar dichos derechos. En este sentido, los gobiernos de
las ciudades son responsables de las inversiones que realizan en el
territorio bajo su jurisdicción y del impacto de dichas inversiones
en función de los sectores de la sociedad a quien privilegia.
Se trata de evaluar quien capitaliza la renta generada a partir de las inversiones del Estado y cuál es el impacto en la calidad de vida de la población en su conjunto. Son las ventajas comparativas económicas de cada lugar las que prioriza el capital para su localización, y a veces con altos costos sociales, ambientales, generando segregación espacial y social; es decir sectores que cuentan con todos los beneficios de infraestructuras y servicios que las ciudades hoy pueden ofrecer de acuerdo al avance tecnológico y otros sectores desprovistos de las condiciones básicas de supervivencia. Se estima que aproximadamente un billón de personas en el mundo viven en asentamientos informales y en zonas de riesgo ambiental.
En el Foro Social Mundial 2002 diversas organizaciones y movimientos sociales iniciaron un proceso para aportar a la elaboración de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. El objetivo es la construcción de un proceso internacional que transforme la Carta en un instrumento político y legal, en la forma de un tratado internacional de derechos humanos. La forma de tratado permitiría que gobiernos nacionales y locales, organismos internacionales de protección a los derechos humanos (ONU y OEA) asuman compromisos y obligaciones para la protección del derecho a la ciudad.
La carta expresa entre otras cosas que: El derecho a la ciudad es interligado e interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente. Luego, incluye el derecho a la tierra, a los medios de subsistencia, al trabajo, a la salud, educación, cultura, habitación, protección social, seguridad, medio ambiente sano, saneamiento, transporte público, entretenimiento e información. Además, incluye el derecho a libertad de reunión y organización, el respeto a minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultural; el respeto a los inmigrantes y la garantía de preservación de la herencia histórica y cultural.
La Red Mujer y Hábitat tuvo una activa participación para incluir en la misma el derecho de las mujeres a la ciudad como un derecho humano y la obligatoriedad de los gobiernos de garantizarlo con acciones específicas. Asimismo aportó a la elaboración de la Carta Mundial de las Mujeres por el Derecho a la Ciudad presentada en Barcelona 2004 en el contexto del Foro Mundial de las Culturas .
Porqué las mujeres y la ciudad?
Porqué hablar del espacio urbano desde una perspectiva no neutral,
sino reconociendo la naturaleza sexuada de la realidad?
El desarrollo de las ciudades estuvo asociado, en los países
occidentales, no sólo al proceso de industrialización
y de construcción del Estado moderno sino también a los
cambios en la división sexual del trabajo y de la familia. Las
ciudades terminaron de consolidar la separación entre lo público
y lo privado, entre el lugar de trabajo, de la política, de la
cultura y el espacio de la familia. La diferenciación entre los
roles de varones y mujeres y sus relaciones personales se acentuó
hasta convertirse en dos mundos separados y distanciados .
Actualmente, las mujeres participan masivamente del mundo público a través del trabajo remunerado, pero siguen siendo las principales responsables del trabajo no remunerado en el ámbito privado, y la estructura de la ciudad responde aún a la división sexual del trabajo según roles, y a las necesidades de un sujeto universal abstracto que ignora los sujetos concretos destinatarios de las políticas: varones y mujeres y sus distintas condiciones de inserción social.
En este sentido, podemos pensar el territorio como un espacio de conflicto no sólo social sino también de género y que se expresa en distintas situaciones y dimensiones del espacio territorial. Sólo para dar dos ejemplos vinculados a aspectos de las políticas públicas que no son visualizados comúnmente desde la perspectiva de género, mencionaremos los siguientes:
-La desigual oferta de infraestructura y servicios que condiciona la vida cotidiana de la población según sectores sociales. Las consecuencias no son las mismas para varones y mujeres. Si las responsabilidades de unos y otras son diferentes, la relación entre el ámbito privado y público también lo es. Son diversas las demandas de accesibilidad, desplazamientos, tiempos de traslado, de unas y otros. Las necesidades de las mujeres de compatibilizar las responsabilidades en ambos espacios, son vitales en tanto las actividades del cuidado continúen a cargo casi exclusivo de las mismas. La existencia y calidad de los servicios de cuidado infantil, ancianos, enfermos, abastecimiento, resultan para las mujeres posibilitantes u obstaculizantes para tomar decisiones respecto a sus vidas, fundamentalmente las de participar en igualdad de condiciones con los varones en la vida pública.
-La violencia urbana. La violencia e inseguridad en las ciudades tiene múltiples y complejas causas, sin embargo la planificación territorial que define la distribución de funciones en el territorio, las condiciones socio espaciales del mismo, (características de los espacios públicos, actividades que albergan, socialización que promueven), es una variable no menor en la percepción de seguridad/inseguridad. Desde las políticas públicas urbanas es posible incidir en el control de las condiciones que determinan la calidad de los espacios públicos, la identidad y uso de los mismos, y son responsabilidad de los gobiernos locales . La percepción de inseguridad en las ciudades es compartida por varones y mujeres, sin embargo las mujeres además de los delitos comúnmente tipificados, como robos a la propiedad y agresiones físicas vinculadas a los mismos, homicidios, etc., sufren una violencia que se ejerce contra ellas por ser mujeres y que se manifiesta tanto en el espacio privado como en el público: agresiones verbales, intimidaciones, violencia física y sexual, violación. La violencia de género, sabemos, tiene sus causas en las relaciones desiguales entre varones y mujeres que sustenta la sociedad patriarcal y que requiere de abordajes multidimensionales y de profundos cambios culturales. Sin embargo, desde el urbanismo, las políticas habitacionales, las políticas de transporte, etc. es posible aportar a ciudades más seguras, teniendo en cuenta los requerimientos que el espacio público debe cumplir para promover la seguridad de las personas y de las mujeres en particular.
Actualmente las políticas de seguridad ciudadana tienen un concepto restrictivo del delito y no incorporan la violencia de género, siendo ésta una realidad de todas las ciudades. La violencia de género y la percepción de inseguridad es una de las condiciones que impacta fuertemente en las conductas de las mujeres, modificando sus rutinas y restringiendo el uso y apropiación de la ciudad por parte de las mismas. En este sentido, es necesario incorporar la experiencia de las mujeres en relación al uso de la ciudad y los obstáculos que les impiden ejercer su ciudadanía plena .
Los ejemplos señalados como conflictos que se expresan en el territorio, prescinden de la voz de las mujeres en las decisiones sobre las políticas urbanas y territoriales y sigue respondiendo a un "ideal" de población (varones trabajadores, mujeres responsables del "hogar" o bien del trabajo comunitario ) que no se adecua a la heterogénea realidad social.
Los gobiernos locales de la región avanzaron en distintas estrategias para eliminar las desigualdades de género, políticas de igualdad de oportunidades, que implicaron revisar legislaciones discriminatorias para las mujeres, avanzaron en acciones afirmativas para acortar las brechas entre las leyes y las practicas culturales, y por último el reconocimiento de que la problemática de la desigualdad de género no puede reducirse a un área especifica del municipio, sino que es una responsabilidad del conjunto del gobierno local. En este sentido, la transversalización de las distintos programas y acciones municipales con la perspectiva de género es una de las estrategias que muchos gobiernos locales están implementando, la visión desde esta perspectiva debe estar presente en todas las áreas de la planificación territorial y reflejarse en el presupuesto municipal.
La planificación territorial es una de las áreas más débiles y dificultosas aún de permeabilizar con esta perspectiva y es necesario por un lado capacitar a los técnicos y técnicas responsables de la misma para trabajar desde esta perspectiva que requiere de metodologías y herramientas específicas, y paralelamente garantizar la participación activa de las mujeres a través de órganos consultivos donde las mujeres de la comunidad y sus organizaciones planteen sus propuestas respecto a la ciudad.
Las mujeres en América Latina han estado históricamente presentes en el ámbito local, trabajando y contribuyendo al desarrollo de los asentamientos humanos, son sin duda las principales protagonistas de los movimientos sociales urbanos en su lucha por el acceso a la tenencia segura de la vivienda, la tierra y los servicios, aportando tiempos y esfuerzos para el mejoramiento barrial y de la comunidad. Sin embargo, continúan sub-representadas o ausentes de los espacios de decisión de los gobiernos locales, de la planificación del territorio y de los ámbitos donde se deciden las inversiones que impactan la calidad de sus vidas cotidianas.
La realidad es que en los máximos cargos ejecutivos de los gobiernos locales de América Latina la presencia de las mujeres es escasa en contraste con su presencia mayoritaria en los espacios comunitarios, no obstante la declaración de los gobiernos locales de que no hay democracia sin participación paritaria de las mujeres y los hombres en los ámbitos de representación y decisión locales .
Es necesario señalar, pese a la debilidad institucional que caracteriza a las áreas Mujer de los municipios de los países de la región, con algunas excepciones, el enriquecimiento que ha significado en el espacio local el trabajo de las mujeres funcionarias con conciencia de género actuando articuladamente en espacios como, por ejemplo, la Unidad Temática de Género y Municipios de la Red de Mercociudades. Sin duda que el trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres y feministas constituye un potencial para fortalecer la institucionalidad de las políticas de equidad de género, y avanzar en los desafíos pendientes para una sociedad mas justa para todos y todas.
Generar conocimientos sobre la ciudad, la planificación territorial, el uso del tiempo y el espacio, las condiciones del hábitat en general, desde una mirada de género es un imperativo para las distintas instancias de enseñanza como las universidades que permita vincular la producción teórica con las políticas públicas. Desde los gobiernos locales en tanto responsables de generar acciones que aporten a transformar las condiciones de subordinación e inequidad entre varones y mujeres, requiere asumir un compromiso político y ético para pasar de los enunciados a los hechos. Desde la ciudadanía, la convicción de que la democratización de la ciudad exige la distribución equitativa del presupuesto en el territorio y la participación activa e inclusiva de todos y todas en la definición de las inversiones.
El
uso y disfrute de la ciudad sin exclusiones, es todavía una meta
a alcanzar, y esto es lo que nos convoca y reúne para aportar
colectivamente a su realización.