El pasado 18 de agosto, en el marco de la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, se realizó en el Hotel Radisson de Montevideo una nueva edición de Causa Abierta. Allí, referentes feministas de Perú, Paraguay y El Salvador expusieron patrones que prueban la existencia de un “plan regional” que tiene como objetivo “recortar y cerrar el espacio cívico” en el que actúan las organizaciones feministas y de mujeres. Las exposiciones se apoyaron en el estudio Limitando la acción de las organizaciones feministas y de mujeres. Normas restrictivas y cierre del espacio cívico en América Latina, realizado por la AFM en 2025. El informe identificó restricciones legales, financieras y políticas que impactan en el funcionamiento, la autonomía y la participación de las organizaciones en esos tres países y también en Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. A su vez, detectó patrones comunes: cargas “desproporcionadas y arbitrarias”; uso del poder punitivo del Estado; ambigüedad conceptual en las normas aprobadas; falta de garantías y debido proceso; y pérdida de la confianza y el riesgo para la sostenibilidad de las organizaciones.
Los casos fueron presentados por Myrian González, del Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay; Liz Meléndez, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; e Ivonne Polanco de La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto Legal y las Maternidades Elegidas, de El Salvador.
En primer lugar, Myrian González aseguró que Paraguay es “un laboratorio” donde se “gestan” las ideas antigénero y enfatizó en la llamada “Ley de control, transparencia y revisión de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, aprobada en 2024, que “multiplica todos los requisitos legales que una organización debe cumplir para poder accionar” y exige estar en un registro, a través de un proceso que calificó de “bastante engorroso” y “burocrático”. A su vez, dijo que la norma “pone en grave peligro la cooperación internacional”, en tanto “exige que las organizaciones cooperantes estén inscritas y cumplan los mismos requisitos que impone esta ley”, y que le llaman «ley garrote» porque su objetivo es «darnos palo para amedrentarnos, amenazarnos y lograr que una gran cantidad de organizaciones sociales no pueda continuar trabajando en fortalecer la participación ciudadana, que es a fin de cuentas lo que nos permite luchar y demandar al Estado”.
Por su parte, Liz Meléndez habló de los efectos que tuvo en Perú la “Ley APCI”, aprobada en abril de 2025, que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y da lugar a que esta entidad “pase de ser un espacio de coordinación y rendición de cuentas a uno de control y hostigamiento”. La directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán explicó que la norma obliga a las organizaciones que van a gestionar cooperación internacional a “inscribirse en los registros, mantener una información institucional y programática permanente”, e “incorpora la conformidad previa, que en realidad es un control político de los proyectos”, porque implica que “puedes ejecutar el dinero de la cooperación siempre y cuando el proyecto sea aprobado por el gobierno”. Dijo que además “permite cancelar la inscripción de una organización, situación que vulnera profundamente el derecho a la asociación y a la libre expresión”, y que “prohíbe concretamente el litigio contra el Estado de parte de las organizaciones”, ya que establece la prohibición de “usar recursos para asesorar, asistir, financiar acciones administrativas o judiciales o de otra naturaleza contra el Estado peruano”.
En tanto, Ivonne Polanco señaló que desde la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, en 2019, El Salvador ha experimentado “un proceso de concentración de poder que ha destruido y eliminado los contrapesos y ha restringido también las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en las diferentes instancias”. La integrante de La Movimienta dijo que la situación se complejizó en 2022, cuando Bukele instauró el régimen de excepción, “con reformas, leyes y políticas que acortaron la libertad de reunión y prohibieron el derecho a la defensa”, y luego en 2025, con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone distintas restricciones a las organizaciones sociales, crea un registro obligatorio e impone multas exorbitantes por incumplimientos. También dijo que entre 2020 y 2025 se registraron 2.041 agresiones a defensoras, que, al 31 de julio, la Asamblea Feminista registró 44 muertes violentas de mujeres, y que “ha persistido la criminalización a mujeres por emergencias obstétricas”.
Los comentarios de las expertas
Después de la exposición de los casos, aportaron sus comentarios Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas; Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos; y Laura Malajovich, encargada de presupuesto y responsabilidad social de Fos Feminista.
Krsticevic afirmó que “se están dando patrones” de “violencia letal, discriminación y violencia a través de redes, procesos de estigmatización, de criminalización y a su vez de impunidad, como el abuso de herramientas legítimas del Estado para perseguir y habilitar distintos tipos de exclusión, de lenguaje habilitador de la violencia, de amenazas”. También dijo que las leyes descritas “no solo vulneran muchos de los compromisos que se han asumido en el Consenso de Montevideo”, sino que “expresan violaciones a derechos protegidos en tratados internacionales”
Martínez advirtió que “no es casualidad que estos gobiernos que están tratando de minar nuestras instituciones democráticas, que buscan la reelección indefinida, el estado de excepción, la concentración del poder, el debilitamiento de la independencia judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas y que están pasando estas leyes para cerrar el espacio cívico son también aquellos que tienen unas agendas antiderechos”. En contrapartida, nombró a Uruguay, México y Brasil como los pocos países “defensores de los derechos sexuales y reproductivos y de las instituciones” que quedan en la región, y llamó a “seguir trabajando” con ellos, porque “los retrocesos de un país no pueden ser tratados únicamente como problemas domésticos nacionales”, sino que “implican una responsabilidad colectiva de seguimiento”.
Piquer contó que Amnistía documentó patrones en la implementación de “leyes anti ONG” en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela en el informe Rompiendo el tejido social (2026), sin saber que la AFM estaba haciendo un estudio que detectó lo mismo. Resaltó como hallazgos que en todos esos países hubo “un proceso de estigmatización previo a la aprobación de las leyes” y existieron “requisitos de registro extremadamente difíciles de cumplir” y “sanciones exorbitantes que arriesgan la existencia misma de las organizaciones y en algunos casos incluso la criminalización”. A la vez, alertó del impacto que tiene en los derechos de las mujeres, “no solo en lo político, porque las organizaciones feministas muchas veces no están solamente promoviendo estándares, fiscalizando al Estado, documentando violaciones de derechos humanos, litigando; también están prestando servicios concretos a mujeres que de otra forma no acceden porque el Estado no los presta, y eso también está en juego”.
Finalmente, Malajovich señaló que los tres casos presentados “confirmaron” que se trata de “una estrategia deliberada para agotar, aislar y silenciar a quienes sostienen las agendas de igualdad, autonomía y derechos sexuales y reproductivos”, y agregó que, en este escenario», «tenemos la responsabilidad y hasta el mandato de mantener esta agenda viva y generar estos espacios de encuentro estratégico colectivo”.
