Sólo el 30 por ciento de los ginecólogos se declaró objetor de conciencia. En el primer mes, se hicieron más de 200 interrupciones de embarazos. Las autoridades sanitarias apuntan a reducir el número de abortos.
Con un fuerte compromiso de las autoridades sanitarias y la resistencia de una minoría de médicos, se aplica en Uruguay desde hace casi dos meses la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 12 semanas de gestación, con el requisito de seguir un procedimiento de consultas. Durante el primer mes, se realizaron más de doscientos abortos. En ese lapso se registró sólo una denuncia de mala praxis. Y sólo un 30 por ciento de los obstetras se declararon objetores de conciencia. Las autoridades sanitarias apuntan a “reducir la morbi-mortalidad materna pero, además, a que baje el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE”, dijo a Página/12 el viceministro de Salud, Leonel Briozzo. “Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, destacó el funcionario.
La Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009, incluyó un total de 26 artículos a favor de las mujeres y concedió derechos civiles, de género, equidad social, e igualdad de condiciones con los varones. Un estudio gubernamental presentado en julio de aquel año, señaló que “del 60 por ciento de la población que se encuentra en la extrema pobreza, 37,7 por ciento son indígenas y mujeres”. Los datos del censo realizado en octubre de 2012 aún están en proceso, pero en el de 2001, más de 60 por ciento de la población declaró su pertenencia a un pueblo originario, en un país que en 2010 tenía 10,4 millones de personas según proyecciones oficiales, 50,1 por ciento del total, mujeres.