.............Mis derechos, tus derechos, nuestros derechos         

ArtÝculo del 
Cotidiano
N║28 y 1/2


"Pensar en la democracia requiere considerar que las segmentaciones del tejido social son muy antiguas, profundas y arraigadas y se justifican en una impresionante gama de prejuicios y sobreentendidos; que constituyen hechos cotidianos de la negación - a muchas personas- de la calidad de sujetos de los mínimos derechos y garantías que fundan la democracia." (Teresita de Barbieri)

La conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha multiplicado las iniciativas en todo el mundo para poner en debate la vigencia de la carta ética de los derechos humanos, pero también para renovar la acción de vigilancia de los diferentes actores sociales en su cumplimiento. 

La ciudadanía en tanto ejercicio de derechos, así como los propios derechos está siempre en proceso de construcción y cambio. Construir la legitimidad social de los derechos de las mujeres dentro del concepto de los derechos humanos, no ha sido fácil.

Un ejemplo interesante de esta construcción puede verse en el proceso de Descentralización Municipal en Montevideo. La propuesta política del gobierno Departamental inaugura un tipo de gestión pública que intenta vincular los intereses ciudadanos en la definición de políticas de gobierno. Para ello, institucionaliza la participación vecinal a través de organismos específicos electos cada dos años, y crea un espacio de articulación de las demandas en los diferentes barrios con la planificación del Presupuesto de Gastos e Inversiones del Gobierno Municipal. 

¿Qué derechos se representan en esos organismos?, ¿quienes deciden?, ¿cómo se debaten las prioridades?, ¿ cómo se define el "nosotros" de un barrio?

"El concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder que refleja las luchas acerca de quienes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados." Elizabeth Jelin

En el espacio local la universalidad de los derechos enfrenta tensiones éticas y culturales, enfrentamientos de intereses que precisamente ponen en confrontación los derechos individuales y colectivos y expresan conflictos de clase y género.

El desplazamiento de un grupo de familias de la Ciudad Vieja de Montevideo determinó el asentamiento precario de estas familias en otra zona. Los vecinos y vecinas se organizaron para rechazar el asentamiento de estas familias en su barrio. Su argumento principal era combatir los asentamientos precarios, pero usaban para ello, argumentaciones claramente discri-minatorias y sexistas. Se decía, que estas familias estaban constituidas prioritariamente por mujeres que ejercían la prostitución y su "vecindad" significaba un deterioro aun mayor a su calidad de vida. Las mujeres de Mundo Afro, enfrentaron una lucha de similares características. El Gobierno Municipal asignó a una cooperativa de jefas de familia de esa organización un terreno para la construcción de viviendas en una zona céntrica de Montevideo, históricamente habitada por familias negras. La Comisión Vecinal Pro Recuperación del Barrio Sur presionó al Gobierno Municipal para que revisara su decisión con argumentos igualmente lesivos de los derechos humanos. El argumento principal fue que el gobierno municipal recicla casas, gasta dinero público, para dárselas a los "rapiñeros". Las mujeres de Mundo Afro salieron públicamente a responder y denunciar estas expresiones, enfrentándose a mujeres y hombres que también dicen defender otros derechos colectivos, los de los "contribuyentes".

La inseguridad en las ciudades, la segregación y la pobreza, colocan en el centro de la vida cotidiana el debate sobre los derechos humanos. La diferencia y la diversidad, son vividas como un peligro potencial. Las desigualdades y los fenómenos de exclusión son más fácilmente visualizables cuando se enfocan desde la dimensión socioeconómica. 

En la ciudad, las diferencias sociales también se expresan en barrios y dentro de ellos en la conformación de "ghetos" de pobreza que singularizan la problemática de las ciudades actuales y colocan el tema de la democracia del espacio urbano como uno de los puntos cruciales de acción política de los/as actores/as locales.

Pero esta realidad está cruzada, a su vez, por otros fenómenos de exclusión que complejizan la problemática social de los ámbitos urbanos y que paulatinamente han sido incorporados en la agenda política y académica a partir de la elaboración teórica surgida de los movimientos de mujeres y de las feministas en particular. 

La problemática de las mujeres en la sociedad y el análisis e investigación acerca de las subjetividades, formulados por la elaboración teórica feminista abre la posibilidad de pensar otras subjetividades excluidas como las de los jóvenes, los homosexuales, las minorías étnicas, etc.

Es más fácil defender en abstracto el derecho de identidad a los homosexuales o lesbianas, los derechos de las trabajadoras sexuales a sin-dicalizarse, o de las mujeres jefas de familia a una vivienda, que promover en un barrio concreto un espacio para que cada uno/a de ellos se exprese y reivindique sus demandas y necesidades. En esta tensión por ampliar el campo de los derechos humanos y por hacerlos efectivos participan tanto los Estados como las redes ciudadanas y los actores sociales. Si no existe un tejido social capaz de sentir y repudiar una discriminación, el campo de los derechos será sólo declarativo. Si no existe un colectivo que cree el " nosotros, nosotras" como identidad desde la cual formular necesidades y demandas, no se podrá hablar de ciudadanía.

La articulación entre los requisitos de "gobernabilidad" y la participación y control ciudadano de la gestión gubernamental es a menudo planteada y vivida por los gobernantes y los sistemas políticos, como incompatible. Sin 

embargo, la democracia se pone en juego frente a cada conflicto, frente a cada tensión y es tan importante el cómo se resuelve un conflicto como el qué se resuelve. La construcción democrática requiere la articulación de ambos. De allí que la vigencia de los derechos humanos requiera de contextos institucionales democráticos que generen los espacios para fortalecer una cultura ciudadana. 

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