Decía "The Observer" el 1º de noviembre pasado que en ausencia de una corte internacional para juzgar a los "monstruos" de la dictadura chilena se deben usar todas las leyes y oportunidades que tenemos a mano a manera de una mínima reparación a las víctimas de este "Siglo de Tortura".

La detención de Pinochet en Londres, habrá servido para realizar dos objetivos, de enorme magnitud. Por un lado, sentar el precedente de que los Derechos Humanos están por encima de los límites de las naciones, que para los crímenes contra la humanidad hay también globalización. Y por otro, que frente a quienes se aferran a la territorialidad de la ley penal es urgente la creación de la Corte Penal Internacional postergada durante tantos años. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la sociedad internacional, horrorizada con los crímenes cometidos creó los Tribunales de Nüremberg y de Tokio; se necesitaba poner a los responsables a disposición de la justicia. Y así fue. Pero esos tribunales eran temporales, se disolvieron una vez realizados los juicios y castigados los culpables.

Hacía falta un tribunal internacional que tuviera carácter permanente, es decir, que no se creara a partir de atrocidades ya cometidas, sino que su sola existencia sirviera para impedirlas, para desalentar a esos "monstruos" que ya no se sentirán impunes.

Pocos años más tarde, en 1948, las Naciones Unidas reunidas en París, consideraron la posibilidad de crear una Corte Penal Internacional con esas características. Lamentablemente hubo que esperar 50 años para que fuera una casi realidad. Y en ese tiempo se cometieron atrocidades que la humanidad nunca había imaginado se pudieran volver a repetir: genocidio, asesinatos, cárceles infrahu-manas, torturas despiadadas, desapariciones. La impunidad de los culpables y el consiguiente silencio sobre la verdad de los hechos se convirtió en un elemento más de tormento. La sociedad toda fue forzada a olvidar. Nadie lo hizo.

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, dijo en Roma en junio de 1998 al inaugurar la conferencia para la creación de la Corte: "Queremos una Corte que ponga fin a la cultura global de la impunidad y que no admita como defensa la acción bajo órdenes." (Argumento recurrente este último, esgrimido desde los criminales de guerra nazi hasta los integrantes de la Junta militar argentina, recordemos la ley de obediencia debida y su consabido indulto).

Pero no todos estaban de acuerdo con la creación de una Corte así. El Estatuto fue aprobado por 120 votos a favor, rechazado por 7 países: los Estados Unidos, la India, China, Turquía, Sri Lanka, Filipinas, e Israel, con 21 abstenciones. No lo suscribieron muchos países latinoamericanos. Uruguay votó afirmativamente el Estatuto, pero no lo firmó; nuestro Ministro de Relaciones Exteriores dijo que quería realizar una amplia consulta política antes de ratificarlo y que para eso había tiempo hasta el año 2000...

Hubo diferentes batallas al redactar los 116 artículos del Estatuto. Se logró acuerdo en que serán castigados el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Pero no lo hubo con relación a los actos de terrorismo, los secuestros sistemáticos y los ataques fronterizos.

Y hubo también otros enfren-tamientos: el Caucus (asamblea) de Mujeres se enfrentó a los países árabes en cuestiones de género y obtuvo luego de ardua lucha que la violación, el embarazo forzoso y la esclavitud sexual se tipificaran como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como contrapartida, los países árabes obtuvieron que la definición de género acuñada en Beijing volviera a ser la muy católicamente correcta de: "dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad".

Para que el Tratado entre en vigencia se necesita que 60 estados lo ratifiquen. Al día de hoy lo ratificaron 59 y se presume que el que falta adherirá en los próximos días. La sede será La Haya. Habrá una "justa representación" de jueces y juezas, además de expertos en violencia contra mujeres y niños. Por primera vez una Corte encarará el tema específico de las mujeres y los niños como de derechos humanos.

La Corte Penal Internacional supone un cambio importante a pesar de sus limitaciones (sólo podrá actuar para crímenes cometidos en los estados firmantes) y es una victoria del movimiento por los derechos humanos en el mundo. Es la creación de un sistema judicial universal independiente.

La historia está hecha de estos jalones, de estos símbolos de referencia éticos, que permiten a las sociedades ir poniendo los puntos sobre las íes en la conducta de los poderosos.