El año 1998 trajo consigo importantes novedades en el tratamiento público del tema del aborto en nuestro país. 

La «piedra del escándalo» surgió a partir de que el diario «La República» publicara -con grandes titulares de primera plana- investigaciones periodísticas que pusieron al desnudo una realidad desconocida para muchos y silenciosamente cercana para miles de mujeres uruguayas. 

A tres meses de que autoridades, legisladores y técnicos salieran a la luz pública -en entrevistas radiales, informativos de televisión y en la prensa- provocando un debate espontáneo sobre el tema, hoy se constata, una vez más, que el hilo se corta por su parte más débil: las mujeres, y en especial las de sectores económico-sociales más desprotegidos, son las que han tenido más para perder. 

Algunas iniciativas legislativas conforman una consecuencia positiva de que el tema se haya ubicado en los primeros planos de la información mediática. Detractores y defensores de la despenalización y/o de la legalización del aborto coinciden, sin embargo, en que la cuestión está lejos de los acuerdos político-partidarios, porque este debate suscita discrepancias dentro de todas las fuerzas políticas y aún dentro de las fracciones. 

Cotidiano Mujer se ocupa en este número del estado actual del tratamiento público y de la realidad del aborto clandestino. Con sus bemoles y con detalles inusitados, todo indica que los uruguayos optamos por el silencio, el sufrimiento en voz baja y las lágrimas aguantadas frente al temor a más golpes, que siempre están latentes. 

En cuanto a las eventuales despenalización o legalización del aborto, las señales indican que, si no está más lejos, tampoco se encuentra más cerca en este país.

Denuncias, repercusiones y procesamiento

Enero del 98 no fue climáticamente tan caliente como otros años, pero las necesidades de información para las páginas de los diarios se presentaron como siempre. Revirtiendo el mito de que «en enero no pasa nada», el diario "La República" investigó la práctica de clínicas que realizan abortos en Montevideo y llevó a varias páginas -y en especial a la primera- situaciones desgarrantes, pormenores humillantes sobre mujeres que se ven enfrentadas a la interrupción del embarazo y sobre el tratamiento que reciben dentro de las clínicas. 

Las investigaciones de «La República» tuvieron como consecuencia, entre otras, el cierre de una clínica ubicada en la calle Ferreira (cercana a Avenida Italia e Hipólito Irigoyen) y el procesamiento de cuatro personas responsables de ese centro, por parte del Juzgado de 20 Turno, bajo la responsabilidad de la jueza Aída Vera Barreto.

Salud Pública: abortos «terapéuticos»

A nivel del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Comisión de Lucha contra el Aborto Clandestino no modificó su accionar, que consiste, básicamente, en estudiar solicitudes para la realización de abortos por razones médicas. La comisión integrada por tres personas (un ginecólogo, un abogado y una pediatra cuyos nombres son reservados por el MSP) analiza las demandas -con sus fundamentaciones por mal formaciones en el feto o razones similares- provenientes de hospitales y sociedades médicas cuyos profesionales entienden que es necesario practicar un aborto. No existen datos disponibles de la cantidad de solicitudes que reciben ni, por lo tanto, de los casos que aprueban. La única información dada fue que en su gran mayoría las solicitudes provienen de la capital del país y muy pocas del Interior.

Más vale lo muy malo a lo peor

Todos sabemos que las autoridades policiales, como la sociedad uruguaya, prefieren hacer la «vista gorda» ante casos de abortos que se les presentan con mucha frecuencia. La policía actúa frente a denuncias concretas de los médicos o similares, en casos extremos. Aplicar a rajatabla una ley perimida no se encuentra, prácticamente, en el ánimo de nadie. «Yo sé muy bien que si perseguimos a las clínicas lo único que logramos es que las mujeres se hagan abortos con alguna partera de barrio, en peores condiciones, o metiéndose tallos de perejil, como pasa muchas veces,» reconoció a Cotidiano Mujer un jerarca policial, que se ve enfrentado a situaciones de este tipo con frecuencia. 

Las actuaciones de la policía, tampoco presentaron variantes a raíz de las denuncias realizadas por el matutino, que provocaron un asombro público inusitado en los inicios y pasaron al olvido pocas semanas después.

Más desesperación y cambio de planes

El cierre de una clínica y el procesamiento de cuatro personas ocasionó la desesperación de muchas mujeres que buscan otras alternativas, a la hora de realizarse una interrupción del embarazo. Las clínicas que hoy siguen funcionando exceden, con sus precios, el alcance de los bolsillos de las que pertenecen a hogares de menores ingresos. «Por favor, díganme qué hacer, porque no sé» imploraba en el teléfono una mujer, aduciendo que ya tiene tres hijos y que le resulta imposible mantener, sola, a uno más. Con mayor o menor intensidad, la desesperación fue vivida por otros cientos de mujeres, en los últimos meses, que se vieron enfrentadas a buscar los servicios de otras clínicas. 

Aún contando con los 400 o 500 dólares necesarios para realizarse una interrupción del embarazo, ahora deben llamar a un teléfono celular y pactar una esquina de encuentro. Un auto las recoge allí para realizarse el aborto en un sitio cuya dirección no llegan a conocer. Esta es la nueva operativa, más clandestina e insegura que se ha puesto, paradógicamente «de moda», en Montevideo.

Mirar adonde la sociedad no quiere

La Psicóloga Ana María Solari, del Proyecto "Maternidad y Paternidad Responsable" del MSP (Ministerio de Salud Pública) y financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, recuerda que la iniciativa que dirige se propone prevenir el aborto así como bajar las tasas de embarazos no deseados y de mortalidad infantil en Uruguay.

Solari opina que la investigación periodística «es positiva porque aporta información sobre temas que la sociedad no quiere mirar» y a la vez «obliga a todos a buscar soluciones a una situación ilegal».

Por otra parte, la experta entiende que es necesaria la sensibilización y búsqueda de soluciones más de fondo, que pasen por la despenalización o legalización del aborto. En nuestro país «no están dadas las condiciones, cultu-ralmente, y por eso las reacciones se producen en forma tensa»; pero «está claro que la población no desea que se eliminen las clínicas clandestinas».

En el análisis de Solari, a más de dos meses de la difusión de fuertes denuncias sobre la práctica de abortos en el Uruguay se constata que «hubo reacciones contundentes en el primer momento, pero el tema decayó rápidamente en el interés de la opinión pública.»

«La opinión pública no puede hacer mucho» -enfatiza Solari-, quien reconoce que «la gente no quiere hacer demasiado ruido, desea mantener el statu quo, porque la actual solución clandestina es mejor que no tener ninguna.»

Dentro de este panorama, Solari puntualiza que «cualquier médico lo sabe y de hecho recomienda algunas clínicas que tienen buena atención, mientras en otras se presentan riesgos para la salud de las mujeres.»

«Frente a la angustia que genera en la mujer un embarazo no deseado, estando dispuesta prácticamente a cualquier cosa, es negativo que una denuncia provoque una persecusión de las clínicas» indica Solari, quien se manifiesta dispuesta a «contribuir a lo que sea mejor desde el punto de vista de los derechos de las mujeres.»

Tras destacar que se trata de un tema de difícil solución entre lo legal y lo ilegal, Solari precisa que una solución posible sería que «las mujeres pudieran denunciar situaciones de riesgo para la salud sin afectar a aquellos que realizan abortos en buenas condiciones» porque es una realidad que «todo el mundo quiere la solución mejor, dentro de lo clandestino.» 

A pesar de la complejidad del tema, la experta sostiene que «desde el punto de vista de la psicología social, no hay una percepción de que el aborto tenga que legalizarse en el Uruguay». Una demostración de esta afirmación es, para Solari, el hecho de que las denuncias pusieron el tema en el tapete y, rápidamente, bajó de las prioridades en su tratamiento público.

La mortalidad materna postaborto y postparto en nuestro país no es demasiado alta: se produce una defunción cada tres mil casos, mientras en Estados Unidos tiene lugar una muerte cada tres mil setecientos casos. En otros países de América Latina, mientras tanto, se produce una muerte cada 130 casos. Las cifras indican, a juicio de Solari, que «los riesgos de las clínicas de nuestro país no son demasiado grandes.» En 1997, se registraron un total de cuatro muertes maternas, a consecuencia de abortos y/o del parto.

El tratamiento político

El diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, José Mujica, propuso realizar un debate abierto en el plenario de la Cámara Baja, con el resto de las fuerzas políticas, a los efectos de «colocar el tema en la conciencia pública» y, a la vez, «propiciar alguna Comisión Especial con fines legislativos para continuar la agitación y la elaboración de propuestas políticas y lesgislativas sobre este tema tan importante y difícil.» El legislador, en forma personal, entiende que sería oportuna la realización de un plebiscito sobre el tema, que coincida con las elecciones nacionales. 

Mujica destacó que todos somos conscientes de que nuestro país mantiene una legislación «a favor de la vida», que en realidad no se cumple y «en los hechos va totalmente contra la vida.»

«Cabría pensar si en los hechos no es un pacto tácitamente colectivo para viviren la hipocresía» -indicó Mujica en la bancada del Frente- porque, «la experiencia de los últimos cuarenta años parece indicar que cualquier intento legislativo está destinado al fracaso y al olvido» y lo atribuye, en parte por lo menos, a que «la nación entera no asume responsabilidad con lo que acontece en la realidad.» «El peor ciego es el que no quiere ver» enfatizó Mujica en su argumentación ante los diputados de su coalición y -explicó- «parece que el país entero tiende a comportarse como un ciego.»

Más se demora, menos probable

«Cuanto más se demore en dar un impulso real al tema, más costará aprobarlo» opinó en diálogo con Cotidiano Mujer la diputada Raquel Barreiro de la Vertiente Artiguista, quien propuso desenpolvar y realizar las modificaciones que los legisladores entiendan necesarias del proyecto de ley denominado «Interrupción Voluntaria del Embarazo», que en la legislatura anterior se había aprobado por unanimidad en la Comisión de Bioética de Diputados. En aquella ocasión el proyecto de ley contó con las firmas de los legisladores Rafael Michellini, Ana Lía Piñeyrúa, Luis Batlle Bertolini, Alba Osores de Lanza, Tabaré Caputi, Daniel Díaz Maynard, Carlos Pita, José Bayardi, Carmen Beramendi, Ramón Legnani y Rafael Sanseviero.

Una Comisión Especial del Frente Amplio se encargará del tratamiento del tema en la Cámara Baja y realizará contactos con los otros partidos políticos a pesar de que «no hay demasiado entusiasmo», ni tampoco significaría que «el Frente Amplio en su conjunto lo apruebe», según Barreiro.

Un eventual plebiscito sobre el controvertido tema del aborto «sería un paso posterior» -a juicio de Barreiro- porque «lo primero es alcanzar un acuerdo sobre un proyecto definido» y luego, eventualmente, realizar una consulta popular.