Por otro lado el movimiento feminista, que desde una visión eurocéntrica y hegemónica, hacía desaparecer las diferencias de etnia, clase, opción sexual, etc. considerando que todo lo que no fuese analizado desde una sola postura dividía las fuerzas del movimiento y que, por cierto, no eran las mujeres negras las más «aptas» para realizar cuestionamientos de ese tipo.

Pese a estas confrontaciones de orden ideológico (ambas en disputa por el poder) el movimiento de mujeres negras en Uruguay ha seguido un camino de empoderamiento y ha podido concretar una primera acción afirmativa: el Programa de Viviendas para Mujeres Negras jefas de familia que en estos días se inicia con la construcción de las primeras 36 en un régimen de reciclaje subvencionado por el Estado, la Intendencias Municipal de Montevideo y el ahorro previo de dichas mujeres.

En el programa se prioriza a las madres adolescentes dando respuesta concreta a una de nuestras problemáticas más urgentes a atender y reivindicando, desde lo étnico cultural, el "retorno al barrio" como respuesta a las expulsiones de las que fuimos objeto en los años 70 de la dictadura. 

Otro hito de fundamental importancia en el camino del empoderamiento, ha sido la realización del Primer Diagnóstico sobre la Condición de la Mujer Negra, recientemente publicado. Como decimos en el prólogo «se trata de un logro político, un instrumento científico que nos lleva a redoblar nuestra fuerza por alcanzar mejores niveles de vida y donde nuestra participación en niveles de incidencia se hace impostergable».

Nuestro trabajo toma un nuevo cariz cuando podemos esgrimir datos y cifras como éstas: a 152 años de la abolición de la esclavitud el 50% de las mujeres ocupadas incluidas en este estudio trabaja en el servicio doméstico. Se trata de la misma actividad que desempeñaban mayoritariamente las mujeres negras en la época de la esclavitud. El 80% de estas mujeres que residen en Montevideo percibe por su trabajo menos de $2.500 y el 90% de las que reside en el interior, percibe una remuneración de menos de $1.500.

Por otro lado, a 64 años de la proclamación universal de la igualdad de todas las personas ante la ley, la mitad de las mujeres estudiadas no accedió al nivel de la enseñanza secundaria y sólo el 4.1%logró realizar estudios superiores(universidad o docencia). Pese a eso, en cuanto a los jóvenes, debemos reconocer cambios en el buen camino, aunque lentos. 

Hay un descenso del trabajo infantil a través de las generaciones de un 42% entre las mujeres de 60 años y más a un 16% comprendidas en el tramo etario de 15 y 20 años.

Sin embargo, se constata que la situación de las mujeres jóvenes sigue siendo en muchos casos inferior a la del total de la población. Mientras que el 16% de las jóvenes negras declaran haber comenzado a trabajar antes de los 15 años, sólo el 8% de las jóvenes en general indicaba esta situación (CEPAL 1991).

En el tramo etario de 14 a 19 años, la tasa de participación de las mujeres negras es 38% más alta que la del total de mujeres de ese grupo de edad. El alto nivel de empleo entre las más jóvenes puede considerarse perjudicial en dos sentidos: a)resulta difícil pensar que este grupo de jóvenes se encuentre en condiciones de dedicar el tiempo necesario para su formación en niveles educativos superiores y b) el ingresar tempranamente al mercado laboral compromete seriamente las posibilidades de movilidad ocupacional ascendente. Quienes comienzan a trabajar muy jóvenes lo hacen en actividades muy poco calificadas y deben apartarse de los estudios formales.

Estos dos hechos conducen a una baja movilidad ocupacional. Tal como se ha comprobado en diferentes investigaciones, las características del primer empleo resultan determinantes respecto a las ocupaciones que tendrá el individuo a lo largo de su vida laboral.

De cada diez jóvenes ocupadas, siete trabaja en el servicio doméstico y las tres restantes se encuentran en categorías poco calificadas, de bajo prestigio social que no posibilitan una acumulación de conocimiento que permita un ascenso a otro tipo de ocupación.

En relación con la instrucción recibida, la fuerte asociación entre el nivel de instrucción y otros indicadores de bienestar social (salud, calificación del empleo, ingreso)no deben interpretarse en el sentido de que la baja asistencia a la enseñanza formal es la causa última de los problemas en los demás aspectos.

La posibilidad de acceso a la educación, es a su vez consecuencia del contexto familiar y social general en que estas mujeres crecieron y viven actualmente. Las pocas mujeres que logran alcanzar niveles medios o superiores en la enseñanza, seguramente cuentan con ventajas relativas en relación con sus pares que a lo sumo han logrado culminar enseñanza primaria: disponer de tiempo para el estudio, es decir, poder retrasar su ingreso al mercado laboral o al menos trabajar un número bajo de horas; integrar un hogar con ingresos suficientes como para no tener que salir tempranamente a trabajar y poder costearse los estudios; contar con los apoyos sociales necesarios para desarrollar sus estudios en un contexto sin discriminación por origen étnico. 

También es importante recordar que existe una íntima relación entre las formas de discriminación material (calidad de empleo, acceso a la educación, a la salud, etc.) y aquellas de tipo cultural (exclusión, violencia). La discriminación de orden material encuentra su legitimación en las formas de exclusión cultural y éstas últimas se reproducen en cuanto aquellas permanecen.

Por lo tanto, cualquier programa de acción orientado a mejorar las condiciones de estas mujeres debe atender ambas dimensiones del problema. 

Para terminar, hay otra información que me parece relevante en el camino del empoderamiento de las mujeres negras uruguayas, y tiene relación con las conclusiones del COMITÉ ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL.

El informe presentado en el Comité que sesionó en Ginebra en agosto pasado, arrojó recomendaciones que se tornan históricas por ser el resultado de un trabajo que iniciamos hace 10 años en el país:

a) hace visible a un sector fuertemente afectado por las formas discriminatorias existentes;

b) responsabiliza al Estado uruguayo en cuanto es el actor principal en la generación de acciones afirmativas; 

c) legitima a las ONG en cuanto son quienes han puesto estos temas y sus posibles soluciones, sobre la mesa desde la sociedad civil. 

De las 21 conclusiones transcribimos las dos que hacen referencia directa a la situación de las mujeres negras uruguayas:

"10. El Comité permanece preocupado acerca de la falta de información en el uso efectivo de los derechos suministrados especialmente por el artículo 5(C) y (e) y en particular, por miembros de la comunidades afrouruguayas e indígenas. En resumen, la preocupación está expresada particularmente por la situación de la mujer que pertenece a la comunidad afrouruguaya, que es víctima de una doble discriminación: género y raza.

16. El Comité recomienda que el Estado integrante establezca programas especiales apuntando a facilitar el acrecentamiento social de las mujeres pertenecientes a las comunidades afrouruguayas quienes sufren doble discriminación en los campos de género y raza". 

Se inicia una nueva fase que demanda un profundo análisis de las estrategias que nos deberemos dar para lograr que nuestras mujeres puedan alcanzar un desarrollo sostenido para una real integración social.