Cotidiano Mujer

Buenas noches a todas y a todos, esta actividad que vamos a hacer hoy es parte de los viernes de Brecha que vuelven en miércoles, justamente porque el miércoles próximo 28 de setiembre es el Día por la Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe. Esta “Campaña 28 de Setiembre”, surgió de un encuentro Feminista latinoamericano y del Caribe en 1990.

La idea es aportar elementos para un tema que sigue siendo un déficit democrático en el Uruguay, particularmente para las mujeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos. No teníamos la idea de hacer un debate formal en el sentido de que aquí estuvieran representadas todas las posiciones, porque muchas veces esos debates no conducen a nada porque en realidad no hay escucha. La idea es traer argumentaciones desde los diferentes ámbitos de quienes está aquí.

Nos acompañan Constanza Moreira, Directora del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de la República; el Doctor Oscar Sarlo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República; el Doctor Guido Berro, Médico Legalista, profesor de la Cátedra de Medicina Legal y la Senadora Mónica Xavier.

Vamos a empezar dándole la palabra a Mónica Xavier, porque acaba de darse una discusión sobre el Proyecto de Ley de Salud Reproductiva en la Comisión de Salud donde participa.

Me siento muy satisfecho y he aprendido mucho de quien me ha precedido en el uso de la palabra. Pero no tengo más remedio que pedirles disculpas porque voy a dar una visión desde la Medicina Legal o Forense, que es una Medicina un poco híbrida porque los médicos no nos ven muy médicos, nos ven cerca de los abogados y los abogados nos ven intrusos en el Derecho, así que le pido disculpas también a los abogados porque pueda hacer alguna referencia legal.

La Medicina Legal y Forense es una especie de puente entre Derecho y Medicina, y mis reflexiones serán desde esta especialidad.

Decían los viejos clínicos que no hay enfermedades sino que hay enfermos y estuve pensando en eso con respecto del aborto. El aborto en sí no existe como una elección, entelequia, una cosa aislada, ya que no existe sino hay una mujer. No hay abortos hay mujeres que abortan. No hay enfermedades, decía, porque la enfermedad precisa un paciente, la enfermedad necesita un doliente, paciente en el sentido de padecer. El aborto creo que podemos tomar esa imagen, es una realidad, no existe el aborto sino hay una mujer, la mujer es la que aborta con todo ese drama, con todo lo que implica no desearlo, pero hacerlo y lo suscribo totalmente, no hay abortos, hay mujeres que se ven “forzadas” a abortar. Ya se penaliza ella, ¿tenemos derecho como sociedad a castigarla más cuando es una decisión que va seguramente a trastornarla mucho, a afectarla, y creo que no hay aborto que no afecte?.

Entonces se me ocurre expresar otra cosa. Podemos estar en contra del aborto pero a favor de la despenalización, aquí en general se maneja como que esas dos cosas no pueden ser así, es decir, si yo estoy a favor de la despenalización estoy a favor del aborto y no, no pasa por ahí y me meto un poco en lo jurídico porque no pasó por ahí tampoco en la cabeza del codificador, de Irureta Goyena, cuando no incluyó el castigo en el Código Penal. En Código Penal de 1934 no existe el delito de aborto, viene después con la Ley 9.763 de enero de 1938. ¿Qué pasó del 34 al 38? No pasó nada, habría muchísima gente en contra del aborto pero lo que pasaba era que no se penalizaba y no hubo ningún drama social por no penalizarlo. Me parece que es posible llegar a ciertos consensos, porque claro, se ha manejado toda una situación muy polar, los que están a favor y los que están en contra y es un diálogo de sordos. No vamos a convocar en esta mesa a gente que esté a favor y en contra porque no se van a entender, no vamos a sacar provecho de nada porque cada uno da su discurso y no dialoga. Pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a un mínimo consenso, lo hemos hecho en la Cátedra de Medicina Legal. Supondrán ustedes que todas estas discusiones se han dado con gente de distintas opiniones y con la libertad de cátedra desde que profesamos y estimulamos esa libertad que viene de tan viejo, de épocas tan remotas, desde Giordano Bruno por ejemplo, y que le costara la vida a más de uno esa libertad. Yo les permito a los docentes de la Cátedra tener opiniones totalmente diversas en temas en que no puede haber unanimidades, pero hemos intentado esto que les decía: un mínimo consenso y ¿saben a lo que hemos llegado?, incluso está publicado en un artículo en la Revista Médica del Uruguay que realizamos con el Doctor Hugo Rodríguez que es Profesor Adjunto de la Cátedra, hemos llegado a que con lo que ya está legislado, con la Ley de 1938, hay muchas cosas que se pueden hacer y hemos sacado un artículo que se llama “Aborto por indicación médico legal”. Es decir que hay cuatro causales que no sabemos bien porqué nunca se emplearon adecuadamente, están allí en el Código - porque la Ley de 1938 se incorpora al Código - pero nunca funcionaron esas causales adecuadamente, no se reglamentaron, no se dispusieron los mecanismos adecuados. En su momento hubo, sin embargo, algunos decretos de Salud Pública y estoy hablando de la época de García Capurro, en el año 38, donde hubo incluso comisiones como la Comisión de Eugenesia, en que tenían que opinar sobre los abortos por malformaciones, por ejemplo, o sea, que había ya un clima de autorizar algunos tipos de abortos.

Desde la cátedra hemos llegado prácticamente todos a un consenso que es el siguiente: si en el parlamento o en la comunidad toda, en el Uruguay, la cosa está tan polarizada que no va haber una ley nueva que mejorara la situación ¿qué podemos hacer, qué podemos utilizar de lo que ya está? Y hay muchas cosas que incluso se podrían hacer a nivel de abogados que se dediquen a juntar toda esta legislación, porque solamente con las cuatro causales que están en el Código Penal ya mucho se puede realizar con amparo legal.

Es decir, está prevista la posibilidad del aborto terapéutico por enfermedad grave de la madre o para salvar la vida, y ahí viene la interpretación de si incluye o no al feto; hay algunos juristas - en opinión minoritaria -pero que lo admiten. Está previsto que el juez tampoco puede castigar, no es delito porque pierde el carácter de ilegal cuando se trata de un embarazo no deseado; dice violación pero se podría interpretar incluso de ser un embarazo forzado. Está previsto, pero queda a criterio del juez, y qué juez, me imagino yo, va a llevar adelante una penalización cuando hay penuria económica.

Y el otro es por causas de honor que también habría que interpretar a qué nos podemos referir hoy como causa de “honor”, qué puede ser hoy eso... ¿una chica de 14 años que queda embarazada y no quiere continuar con el embarazo? Porque estamos acostumbrados a trasmitir el drama físico, las muertes y las secuelas físicas pero ¿y el drama vivencial y las secuelas sociales y las secuelas sicológicas y morales con las que puede quedar? Entonces también se podría argumentar el tema del aborto por enfermedad de la madre y no referirlo solo a lo físico, puede ser un problema de orden psicológico que puede abarcar incluso el hecho de llevar un feto malformado en su vientre.

Así que hay mucha cosa que me parece que con la legislación actual -si es que no vamos a progresar con una nueva- habría que reglamentar o ver cómo hacerlas funcionar, porque no funcionan. Todo esto hay que hacerlo, además, para que el juez esté obligado a eximir de pena o a atenuar o llegar al perdón judicial y que el aborto sea hecho por médico y antes de los tres meses de gestación. Pero el médico no se anima y nadie le dice que se lo va hacer y empiezan a buscar quién se lo puede hacer y buscan la clandestinidad y alguien que no sea médico, etcétera. Y si tiene penuria económica, además ¿cómo va a hacer para pagar, para hacerse el aborto en buenas condiciones? No puede y encima entonces no recibe posibilidad de ser eximida de castigo, simplemente porque no fue hecho como la ley prevé para que pueda si quiera pensarse en el perdón judicial.

Entonces creo que hay una deuda desde la propia institucionalización de por lo menos dejar de ser tan hipócritas, de no hacer funcionar la ley que ya está, porque podría funcionar mejor. Y mientras tanto sin que se dé todo este tipo de discusión, la legislación vigente abre algunos caminos para no seguir con tanta hipocresía, porque, por ejemplo, la hipocresía abarca hasta llegar a diagnósticos prenatales perfectos en clínicas ultra modernas con una tecnología avanzada, de llegar a los cromosomas, etc., etc., saber qué malformación puede tener y después le dicen al genetista ¿y, doctor ahora qué hago? Y ahí este le contesta, ¡ahora se las arregla sola, como pueda, el aborto eugenésico no está comprendido en el terapéutico!. Porque, además, está muy arraigado el concepto de que el aborto terapéutico es solo por enfermedad materna y eso es interpretativo, tendrá su peso, tendrá su fundamento, pero no es cien por cien así: he leído algunos juristas que interpretan el cien por ciento así. La hipocresía llega hasta la habilitación de determinadas clínicas muy buenas y después que se arreglen solos cuando de antemano se sabe que según el diagnóstico la pareja querrá la interrupción de la gestación, por ejemplo.

Yo dejaría un poco por acá, no entraría a los expedientes forenses, a las muertes, a las secuelas porque estoy de acuerdo - eso me hizo acordar un poco el tema de la droga - que están tan medicalizados los efectos que da esto y lo otro y no estoy de acuerdo en que haya que medicalizar tantos temas, es más una cuestión social o moral o como quiera llamársele, pero no es estrictamente una cuestión de salud o médica, aunque por supuesto que el bien vida y el bien salud están comprometidos muchas veces; podría contar una serie de casos desde el ámbito de la medicina forense, o desde las paredes de la morgue judicial por ejemplo, horribles ¿no? No hace falta.

Me gusta por último pasar el mensaje del énfasis que hemos hecho con la declaración de Facultad de Medicina, Sindicato Médico del Uruguay y Federación Médica del Interior en reivindicar la confidencialidad y el secreto médico, me parece que eso es un valor importantísimo y que el secreto médico está por encima de toda posibilidad de sentirse presionado a denunciar, el secreto profesional se puede mantener siempre, ahí sí que hay una serie de argumentaciones éticas e incluso legales muy importantes. Nada más por ahora.

Buenas noches, agradezco la invitación para participar de este panel, y comienzo por aclarar que yo no me he dedicado expresamente a profundizar este tema ni los detalles de la larga tramitación que ya lleva en nuestro País. Sin perjuicio de esto, quiero decir que el tema del aborto me ha motivado a reflexionar desde la perspectiva de mi especialidad –la teoría del derecho- y desde luego, me interesa mucho como ciudadano. Por ello accedí con gusto a la invitación para realizar algunos análisis sobre el punto, aunque cabe reconocer que es difícil encontrar algún análisis jurídico que no se haya hecho ya, aunque quizás quepa al menos llamar la atención sobre algunos aspectos poco considerados.

Cuando abordamos la temática del aborto en Uruguay, siento que es necesario abrir las posiciones, desmarcar la controversia, porque sinó seguiremos trancados por mucho tiempo. Algunas de las cosas que desde la Filosofía del Derecho he observado y que quisiera plantear tienen que ver, primero, con cuál es la calificación o estatus de la práctica del aborto en el Uruguay; la segunda cuestión sobre la que me gustaría hacer alguna observación es la argumentación pública en torno al aborto; y la tercera, tiene que ver con los mecanismos institucionales disponibles para dirimir esta controversia pública.

1. Sobre el primer aspecto, me siento en la necesidad de repasar un poco qué se entiende por Derecho, por Sistema Jurídico, cuál es la función de un Sistema Jurídico, para poder luego hacer un diagnóstico acerca de cuál es la situación del aborto desde el punto de vista jurídico. La función de un Sistema Jurídico - que es un sistema institucional, un sistema social - es generar cierto sentido normativo acerca de conductas relevantes desde el punto de vista social. Hay que señalar que el Sistema Jurídico no genera orientación moral para las personas sino que genera sentido, esto es, orientación para actuar, lo que algunos llaman razones. El Sistema Jurídico provee razones de peso para actuar en las conductas socialmente relevantes, las que tienen relevancia para la sociedad como tal. Después, desde luego, tiene que resolver, estabilizar ciertas interpretaciones del mundo en que vivimos, de manera de hacernos sentir que vivimos en un mundo relativamente seguro, es decir, generar confianza en que mañana cuando me levante las normas no se van a interpretar de una manera alocadamente distinta a la que conocí cuando actué anteriormente, o cuando yo conformé mis actitudes de comportamiento en la sociedad. Digamos que el sistema tiene que proveer de una cierta estabilidad interpretativa, porque la interpretación del Derecho es un bien colectivo; las instituciones son parte del capital de una sociedad y descansan sobre interpretaciones. Así que todo lo que se haga para incidir sobre las interpretaciones es a partir de saber que nosotros todos somos dueños, tenemos una parte, una acción sobre esto, todos somos titulares de esto y de la misma manera todos podemos - en la medida que actuemos organizadamente - llegar a cambiar esa interpretación, si eso fuera necesario. El Sistema Jurídico, en parte -y solo en parte- lo logra sancionando normas generales, leyes, códigos, etc. La otra parte que contribuye a generar el sentido que todos esperamos de un Sistema Jurídico descansa en los principios morales que alientan toda la convivencia social y que luego influyen decisivamente en la interpretación de esas normas, descansan en el fervor o en la convicción que pongan los que tiene que aplicar estas normas sin lo cual las normas no existen, existen simplemente en el papel.

Además de disposiones normativas, interpretaciones y prácticas consistentes, es muy relevante que haya políticas públicas, esto es manifestaciones de voluntad política basadas en amplios consensos, expresadas especialmente en la asignación de recursos públicamente votados, esto es: los presupuestos tienen que asignar recursos para ciertos fines que el estado considera válidos.

Tomando en consideración todos estos requisitos que para la Teoría del Derecho caracterizan un ordenamiento jurídico vigente, yo me animaría a decir que cualquier observador extranjero que viniera a observar la situación en el Uruguay y decidiera hacer un informe acerca del estatus jurídico del aborto, diría: “bueno, en el Uruguay hay una disposición en el Código Penal que penaliza el aborto, pero los otros tres requisitos no se dan. No hay una convicción moral en la sociedad que respalde la penalización del aborto, no existe ningún fervor en las autoridades encargadas de aplicarlo; es más, tengo la convicción que la magistratura uruguaya es contraria de la aplicación del delito de aborto; lo mismo pienso que sucede con el cuerpo de fiscales, no tiene una doctrina orientada a perseguir estas prácticas. La Policía no la tiene, es más, últimamente se han implementado algunas políticas explícitas desde la Policía como que no hay que perseguir los lugares donde se practica el aborto, no hay que denunciarlo. Desde hace años, la corporación médica sustenta un código de honor según el cual no debe denunciarse los abortos de que tengan conocimiento. Entonces, ¿cómo podría aplicarse, cómo se puede sostener que una norma existe cuando existe todo esto en su contra?. Por añadidura, no hay - más allá de la manifestación pública de una autoridad muy relevante como puede ser el Sr. Presidente de la República, de su compromiso de no votar o vetar esto - no existen políticas públicas destinadas a efectivamente cambiar los comportamientos de quienes se ven impulsados por las razones más diversas a abortar. A la luz de todos estos datos, un observador objetivo diría: “en el Uruguay hay una despenalización “light” o “soft” del aborto, digamos de una despenalización de baja intensidad.

Pero¿qué es esto de una despenalización incompleta, una despenalización que no asume plenamente su condición? Y bueno, lo primero que habría que decir, es que esto viene muy bien o es propio de países donde cultivamos la hipocresía de una manera muy ostensible como lo hacemos los uruguayos. No estamos dispuestos a aceptar públicamente la despenalización y a certificarlo en una ley, pero estamos dispuestos a aceptarlo en la práctica y si el problema se pudiera resolver sin decirlo públicamente sería fantástico. Y el tema funcionó muy bien porque, repito, había un consenso muy fuerte de corporaciones importantes, los Juristas, los Médicos, todos estamos de acuerdo en que esto no es punible, nadie movería un dedo; es más, todos recordarán aquel programa de televisión, en el cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia del momento dijo que él sabía donde quedaban las clínicas donde se practican abortos, pero que no era tarea suya denunciarlo y que no iba a mover un dedo para hacerlo. Fíjense lo que esto podría significar si no se conociera la idiosincrasia del uruguayo, una gran esquizofrenia institucional: la cabeza del máximo órgano del sistema institucional encargado de aplicar el derecho declara que no es cuestión suya aplicar esas normas penales. Esto es una señal muy clara, quiere decir que si miramos esto desde el punto de vista teórico que decíamos al comienzo, en el sentido que un sistema jurídico debe generar orientación clara para los ciudadanos acerca de cuáles son las conductas prohibidas, realmente todos deberíamos sentir, que, o es muy confuso el mensaje del sistema, o se dirige directamente hacia la despenalización. Simplemente que incluye algunas reglas extrañas como “está permitido si logras que nadie te denuncie”, es decir, no es inmoral, pero hay que tener cuidado, del mismo modo que nos movemos bajo una dictadura. Esto me hace recordar un chiste que le escuché a Cacho de la Cruz hace una punta de años: “robar no es vergonzoso, lo que es vergonzoso es robar y que te descubran”.

Este es un problema que tenemos que tomarlo como un dato de nuestra cultura institucional y no es el único caso, hay muchos casos en los cuales estamos felices de no tener que asumir públicamente, institucionalmente las decisiones y dejamos que se tomen de otra manera, de hecho, que se vaya resolviendo el problema solo. Para no pagar los costos políticos que esto tiene. Sin ir más lejos, otro problema que le quemaba las manos al país - y para que vean que esto no tiene signo ideológico, esto es lamentablemente un problema de cultura, no tiene orientación ideológica – fue el problema del procesamiento de los Peirano que iba a implicar una condena segura para el País y eventualmente le puede implicar reparaciones patrimoniales que tendremos que pagar todos, y nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato. Tuvo que venir una Jueza que se animara a asumir ella todo el peso institucional de tomar una decisión que debía tomar, para no seguir violando tratados internacionales. El país no está dispuesto a asumir los costos políticos de decir “esto no pude ser”; tener personas sin condena cuatro años detenidos es un baldón para el país, pero bueno nadie quiere asumir esos costos.

Quiere decir que podemos trabajar sobre la hipótesis de que estamos más cerca de la despenalización que de la penalización, el problema de las despenalizaciones “light” o incompletas, o digamos de baja institucionalización, es que son muy vulnerables. Aparece una persona, como este médico que decide apartarse del código de honor y dice “yo denuncio” porque le debe más lealtad a sus convicciones morales o al grupo al cual pertenece o a la fe religiosa que profesa, que a su colectivo y a la conciencia social, y el consenso público no le importa, denuncia y claro: cuando se denuncia ya es difícil parar la máquina, porque la máquina está programada para actuar cuando no tiene más remedio que actuar, no puede destruir la denuncia, la policía no puede romper la denuncia, el juez no puede hacer como que no vio el memorandum, y una madre entre decenas de miles termina procesada: esto es el colmo de las injusticias.

No hay cosa más inicua que las reglas generadas por prácticas omisivas de la administración o de la justicia; esto ha sido muy estudiado, no en este caso pero se ha estudiado mucho en materia tributaria, “¡ah! muy lindo, nadie paga tributo”, pero lo que pasa es que dejar librada una exoneración de hecho por la vía de no aplicación de los tributos significa que mañana la administración quiere seleccionar a uno para castigarlo, para perseguirlo por alguna razón y la ley entonces lo persigue, lo condena y nadie puede decir nada. La semejanza va sólo hasta ahí, porque en materia tributaria los expertos están de acuerdo en decir que la administración tiene el deber de hacer cumplir los tributos, para evitar inequidades de hecho, o sinó derogarlos. En cambio, en materia de aborto sucede algo muy distinto, porque si los partidarios de penalizar el aborto quisieran forzar al cumplimiento del Código Penal, cosa que podrían hacer muy fácilmente tapando de denuncias los juzgados penales, lograrían el resultado opuesto: el País entero reclamaría la despenalización o lo jueces por su cuenta renunciarían a aplicar la ley, porque sinó esto sería un caos. Insisto en la paradoja: la situación de despenalización “light” le sirve más a los partidarios de la penalización que a los partidarios de la despenalización, porque nos permite a todos seguir siendo hipócritas.

2. En cuanto a la argumentación, simplemente voy a señalar algo que ya señalé hace mucho tiempo, y que se muestra en una investigación muy interesante que hace poco realizó en mi Facultad un equipo dirigido por la Doctora Alicia Castro. La argumentación pública, creo que lamentablemente, se ha basado demasiado en la perspectiva médica, es decir ha girado demasiado en torno a los problemas de salud, cuando me parece aquí hay antes que nada un problema moral. Si lo que se discute es la penalización del aborto y no la conducta de abortar, entonces la argumentación no debería centrarse en contabilizar las muertes que ocurren o las lesiones que quedan; aunque esto sea cierto y doloroso, no puede ser la justificación última para un problema que es moral. Hay un problema que está antes que las consecuencias sanitarias del aborto, y que es ¿tenemos derecho a castigar a la mujer que aborta por decisión libre y movida por sentimientos íntimos?

Me parece, además, que en este asunto es conveniente no mezclar mortalidad, con moralidad y con mortificación. Como decía, hacer girar la decisión de este tema sobre la mortalidad que causa el aborto, me parece que es la más pobre de las argumentaciones, argumentar por las consecuencias puede ser un argumento utilitarista, pero no es un argumento de principios, como corresponde a una sociedad moderna, a una sociedad liberal en el buen sentido de la palabra, que debería anteponer ante todo la libertad y el proyecto individual de vida de cada uno; y desde ese punto de vista las muertes o lesiones no son razones últimas.

El problema del castigo del aborto tiene que ver con la moralidad y no de mortalidad, ahí sí es donde se juega la maduración en nuestra sociedad, al asumir qué queremos ser como sociedad, ¿queremos ser una sociedad en donde la votación, las mayorías impongan la forma en que debemos resolver esos problemas de conciencia? Eso que no debería haber salido nunca del fuero íntimo, porque está claro que ninguna mujer se practica un aborto para agredir a la sociedad, nadie lo hace para agredir a los demás, ni por placer, sino que podrá tener muchas motivaciones íntimas, pero seguramente con una tremenda violencia para sí misma, lo cual ya es suficiente en sí mismo. Así que una sociedad que se decida a establecer cuáles son los límites inviolables de la individualidad de las personas, en las cuales las mayorías no deberían pesar, nos lleva al tecer término: la mortificación que tiene que ver con cómo entendemos las penas. Porque parecería que la única razón que podría motivar a quienes impulsan estas campañas de penalización es el haber cometido un grave pecado y que por consiguiente deber ser castigado.

El problema en nuestro estado, en nuestra sociedad, es que en la Constitución está claro el principio de que “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.” (art. 26 de la Constitución). Seguramente este principio no tenga una aplicación demasiado generosa ni estricta por déficit en nuestra forma de entender estas cosas, pero la Constitución es muy clara al señalar que la pena, o sea la aplicación de las penas, la reclusión - no hay pena de muerte en nuestro país - no debe servir para mortificar a nadie, sino en todo caso para reeducar, para reinsertar en la sociedad. Pero hasta suena ridículo como programa criminal en torno al aborto, ¿qué reeducación va a haber para alguien que “in-extremis” decide tomar una acción tan dolorosa como ésta?. No hay ninguna reeducación, no es un desclasado, no es una persona desintegrada socialmente, son personas que conviven con nosotros, que son perfectamente integradas, que conocen todos los valores y que simplemente realizan estas prácticas, adoptando una decisión sobre la cual la sociedad no debería preguntarle por qué, aunque bien podría acercarle soluciones para que no debiera llegar a esa decisión.

Desde el punto de vista de esta tercer vertiente es donde yo creo que falta también profundizar el tema. Porque debemos tener presente que un sistema penal requiere de una justificación moral, y no de moral individual. Precisamente, la gran confusión que veo en este tema es que quienes impulsan la penalización del aborto confunden sus propias convicciones morales con la moral social –de mínimos, como se dice ahora. En efecto, creo que vivamos en una sociedad cuyo sistema jurídico deba ocuparse de defender una moral determinada. Ninguna secta o religión puede aspirar legítimamente a imponer penalmente sus convicciones morales, porque ese sería el camino hacia el fundamentalismo. Vivimos en una sociedad que por lo menos pretende ser tolerante, pretende ser pluralista, en última instancia, democrática y esto implica que el derecho de ese Estado no pueda respaldar ningún código moral en particular. Los problemas de moral personal deben quedar circunscriptos al fuero íntimo de los ciudadanos. En la moral pública lo único que hay es el poder del estado para castigar y ése es el poder que hay que justificar moralmente. En este sentido es interesante la siguiente paradoja: si tuviéramos la posibilidad -que lamentablemente no tenemos, o por lo menos no es fácil- de devolver la carga de argumentar a los que quieren penalizar el aborto, diciéndoles “junten ustedes las firmas para penalizar el aborto”, seguramente no juntarían ni siquiera para convocar a un plebiscito, porque es claro que nuestra sociedad, inclusive los religiosos, esto es, la gente que profesa algunas de estas religiones - que no son todas las que condenan el aborto- ni siquiera en estas religiones, estoy seguro que no existiría la voluntad de levantar firmas para que se penalizara el aborto. Entonces qué distinto sería el panorama, y ahí qué real que sería, porque no habría justificación moral, de moral pública, para justificar la implantación de este delito.

3. El tercer punto al que quería referirme es el del marco institucional y allí no son muchos los resortes que quedan. Uno de esos es el Sistema Judicial. Yo creo que tiene que empezar a pesar más. El Sistema Judicial tiene que empezar a darse cuenta que está para defender los derechos, es el último recurso para defender los derechos, no “él” derecho y esto de los derechos tiene que ver con los derechos políticos, entre ellos defender nuestra individualidad, nuestra libertad, nuestro fuero íntimo y si hay una autoridad que resulta al cabo de las experiencias que hemos estado viendo aquí y en Europa, en donde ya se ha hecho un camino muy largo con esto (y en algunos países de América también), al final los sistemas judiciales son los que se animan a dar algunos pasos que el sistema político no se anima o no puede dar.

A veces, como es un poder que no depende del voto ciudadano está en mejores condiciones de impulsar políticas públicas - lo estamos viendo con el caso del INAU - se anima a hacer cosas que el sistema político no se anima a hacer. Es muy discutido, es muy sorprendente que se puedan hacer cosas desde un simple proceso judicial, pero sepan señores, que es así como están funcionando las Democracias más desarrolladas. Y esto, claro, nos pone ante la evidencia de que hay nuevos actores en los sistemas jurídicos contemporáneos que hay que tomarlos en cuenta.

El otro mecanismo posible de usar, también se mencionó aquí, y es la desobediencia civil. Ésta implica asumir públicamente que no estamos de acuerdo con ciertas leyes que para nosotros no tienen justificación moral y que, por lo tanto, no sólo estamos dispuestos a dar la cara, a decirlo, a firmar un manifiesto como lo hemos hecho, sino que, además estamos dispuestos todos aquellos que se vieran en la circunstancia, a correr el riesgo de ir presos, porque lo que se defiende vale la pena. El recurso de la desobediencia civil es una vieja herramienta del pensamiento liberal y se ha vuelto muy fuerte en los países de institucionalidad desarrollada y creo que debemos también usarlo a fondo. No hay ningún sistema judicial que resista el procesamiento de cientos de personas, en algún momento tiene que ceder y darse cuenta que los que se animan a publicar su opinión son los que están por la despenalización del aborto, los demás lo que hacen es “lobby” y condicionar en las elecciones, entre bambalinas, “mirá que no te voto si no te comprometes vos públicamente a votar tal cosa”. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo. De cara a la ciudadanía, los que dan la cara, los que juntan firmas y se reflejan en las encuestas de opinión, son los que están por la despenalización del aborto. Un sector importante es indiferente y una minoría, muy minoría estaría dispuesta a asumir públicamente la carga de impulsar la penalización.

En conclusión, a partir de estos elementos, creo que, si no contamos con una despenalización clara y formal esta no es la última palabra; porque cabe tener presente que la ley por sí sola no es todo: una ley requiere de aplicadores, requiere de una moral pública para que sea eficaz y entonces hay que usar todos los mecanismos de las instituciones jurídicas para que el estado se parezca más a lo que queremos y nos merecemos.

Dra. Constanza Moreira

Buenas noches, sobre todo quiero felicitar esta iniciativa conjunta de Cotidiano y de Brecha de volver a discutir el tema de la despenalización del aborto. Quiero recordar que entre el año 2000 y 2004 las mujeres y la Bancada Femenina estuvieron muy activas en el impulso a tres proyectos que tenían que ver con los derechos de las mujeres, la Ley de Violencia Doméstica, la única que salió, la Ley de Participación Política o Grupos Políticos, que no salió todavía, la estamos discutiendo o contrabandeando en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y la Ley de Salud Reproductiva.

Yo, por supuesto, voy a argumentar a favor de que enfrentemos la lucha directamente en el Parlamento y no la dejemos en manos de Jueces o de Médicos, debe ser porque yo soy Politóloga y creo que el Parlamento no tiene que zafar de estos compromisos. Mónica Xavier presentó el Proyecto de Ley sobre Salud Reproductiva como una iniciativa concentrada en la Bancada del Frente. Es verdad que hubo concentración de voluntades en la Bancada del Frente, a pesar de que se contaba con una gran defensora de esto que era una mujer del Partido Colorado ¿quién?. El Partido Colorado, de hecho en las encuestas, no tanto en las votaciones, aparece como dividido con respecto al tema del aborto, es la tradición anticlericalista del Partido Colorado. Mientras que el Partido Nacional siempre apareció como mayormente resistente al tema de la salud reproductiva. Yo creo que más allá de que esta iniciativa, si bien fue mayoritariamente respaldada por la Bancada del Frente Amplio, tuvo por lo menos dos pilares de apoyo muy importantes: el hecho de que existiera una masa crítica importante de mujeres en el Parlamento llevó, tanto a la discusión de este proyecto, como el tema de la Ley de Violencia Doméstica o el tema de los Cupos Partidarios. Hubo un reverdecimiento de las iniciativas legislativas sobre temas de derechos de la mujer, y esto se debió al número de mujeres, eso es la masa crítica, el número de mujeres en el Parlamento.

También quiero rescatar el importante rol que cumplieron las organizaciones de la sociedad civil, en particular Cotidiano, MYSU, que no solamente lucharon activamente por los temas de salud reproductiva, sino también por los temas de violencia doméstica. De hecho el Parlamento reaccionó bastante tardíamente a algo que las organizaciones de la sociedad civil ya habían empezado a hacer en materia de violencia doméstica. Y en materia de salud reproductiva creo que estas organizaciones cumplieron un rol muy importante.

Los proyectos que se presentaron sobre despenalización del aborto han sido un montón, yo acá tengo por lo menos tres, uno del año 91, sobre penalización de actos que afectan los derechos de la mujer, uno del 85, otro del 93 y recordemos en el 2004 la media sanción que recibe el proyecto en Cámara de Representantes, es por una mayoría muy, muy apretada, de 47 a 43, que permitía avizorar que en el Senado no nos iba a ir tan bien. El proyecto fracasó en Senado, hicimos muchas lecturas desde la política; era el peor momento para presentarlo por dos razones, ya que nos encontrábamos en un período previo o de campaña electoral y esto afecta la toma de decisiones. Los Parlamentos son mucho más indisciplinados sobre el final del período, que antes, y eso hace que se voten muchos menos proyectos y que los cálculos electorales primaban en los corrillos y en los cuartitos sobre la exposición de motivos pública de los Parlamentarios que tenían que manifestarse sobre el Proyecto. O sea, que fue un año horrible para hacerlo. Ahora es otra la circunstancia - sigue siendo horrible por otras razones - pero en principio esas dos razones que tienen que ver con el ciclo electoral no están presentes y como nuestro ciclo electoral está un poquito adelantado, porque tenemos las internas y porque además en este país se está en campaña siempre, es evidente que este año es el mejor último año para que esta iniciativa se lleve a cabo.

Voy a decir algunas cosas sobre lo que se sabe del aborto desde el punto de vista de los estudios que existen sobre la fecundidad de las mujeres. Estoy completamente de acuerdo con Sarlo en que las argumentaciones que toman como base el tema de la salud de la mujer para polemizar sobre el aborto y no los principios normativos que hacen al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, son débiles. Sin embargo fueron mucho más usados éstos que los otros, porque se pensó que a través de una justificación de temas que hacían a la salud de la mujer era más fácil entrarle al tema que a través de la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Sobre todo en un país donde - y voy a citar a Pablo da Silveira,”el cuerpo es una propiedad del Estado que nos la presta al nacer y que el cual se la devolvemos al morir”. Los temas de libertad del propio cuerpo en el Uruguay no están precisamente a la orden del día y menos aún en momentos de eclosión de la moral higienista que va triunfando en este país, por más que la modernidad ... etc. Eso se ve en muchas otras disposiciones que tienen que ver con el tabaco, con el alcohol, etc. Entonces tampoco estamos en el mejor momento para defender la libertad del propio cuerpo, porque hay un triunfo de los principios de una moral higienista que hace parte de este país, de la historia constitutiva de este país y ahí están los estudios de Barrán, etc. Pero en principio los argumentos referidos a la libertad del propio cuerpo creo que fueron al contrario poco colocados, porque parecían menos defendibles que los argumentos que referían a la salud de la mujer.

¿Qué se sabe de la práctica del aborto? Primero el aborto forma parte del control de la fecundidad en este país, desde principio de siglo. El Uruguay, es de América Latina el país que experimentó la transición demográfica más temprana. Esto quiere decir que las mujeres en el Uruguay empezaron a controlar su fecundidad, es decir a tomar decisiones sobre el número de hijos que querían tener desde el siglo pasado. Entre el 30 y el 50, el Uruguay ya estaba completando la transición demográfica. Imagínense que en un mundo donde no existían pastillas anticonceptivas que es de los métodos más seguros para prevenir la concepción, el aborto fue una práctica probablemente muy habitual. El hecho de que las mujeres decidieran cuántos hijos tener y que estas decisiones tuvieran que ver con comportamientos contraceptivos, que en última instancia podrían implicar la decisión de abortar, tiene que ver con que el Uruguay es un país que se modernizó tempranamente. Las mujeres accedieron tempranamente a la educación, se incorporaron tempranamente al mercado de trabajo y los estudios indican que salvo que uno quiera hacer como los chinos y decidir que solo se puede tener un hijo, la mejor solución para que se controle el número de hijos es que las mujeres tengan una acceso más o menos generalizado a bienes como la educación, el trabajo, etc. Eso está pasando en todo el mundo en la medida que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, empiezan a tener mayor nivel educativo y empiezan a controlar el número de hijos, solo que en el Uruguay eso pasó antes que en otros países de América latina, por eso tiendo a pensar que la práctica del aborto inducido con la legislación del 38 o no era habitual en este país.

Existen ya dos Encuestas Nacionales de Fecundidad, fue muy difícil hacerlo. La primera que tenemos es del 86 - o sea que también anduvimos bastante rezagados en eso - y por supuesto que la dictadura tuvo en buena medida la culpa de eso también; no se hicieron estudios sobre la fecundidad de las mujeres durante muchos años. Existe una encuesta del año 90, que es una encuesta no solo sobre fecundidad, sino sobre comportamiento contraceptivo, que dice lo siguiente: la inmensa mayoría de las mujeres del Uruguay controlan su fecundidad, con mayor o menor éxito y consideran que tienen derecho a hacerlo. Es muy difícil registrar la incidencia del aborto voluntario en las encuestas porque como está criminalizado, está subdeclarado. Y Mónica Xavier ha dado un número sobre los abortos practicados, que es bastante impresionante. Hay un sentido común extendido, completamente erróneo a juzgar por esta encuesta, habría que hacer otros estudios y es que las mujeres que practican abortos son las ignorantes, inconscientes que no saben y toman la decisión a último momento. Lo que dicen los estudios es todo lo contrario, las mujeres que practican abortos son las que no quieren tener hijos y controlaron hasta que tuvieron un accidente y les falló el método anticonceptivo; son las más controlistas, no las menos controlistas. Hay otro dato importante y es que las mujeres de estratos socioeconómicos más bajos, de estratos más pobres, declaran que tienen más hijos de los que hubieran querido tener. También todos sabemos que el embarazo deseado - y esta razón la dijo Lilian Celiberti y es muy importante - el embarazo deseado condiciona la calidad, la condición de vida psicofísica del niño. De manera que, obligar a una mujer a que lleve a término un embarazo no deseado, es una violación a sus derechos humanos.

Lo último que tenemos para decir sobre esto y que también va en contra de un sentido común extendido y equivocado, es la idea de que si tenemos excelentes campañas masivas sobre contraceptivos van a dejar de existir abortos. Los abortos no van a dejar de existir nunca, las mujeres continuarán practicándose abortos, solo que las obligaremos a practicarlos en condiciones de riesgo y ninguna campaña, por más masiva que sea, va a eliminar la práctica del aborto inducido. Porque justamente las mujeres que se practican el aborto inducido, se lo practican porque practicaron otros métodos y fallaron. O sea que, en principio, con le nivel de conocimiento extendido que existe en las mujeres uruguayas sobre métodos anticonceptivos y de práctica extendida de controlar su fecundidad, por más que existan campañas, eso hay que sacárnoslo de la cabeza, el aborto va a seguir existiendo.

¿Qué opina la gente? Primero vamos a ver lo que opinan las elites del Uruguay, las elites son los Parlamentarios, los Sindicalistas, los Empresarios, todos los que tienen influencia. Acá está la hipocresía Uruguaya, al menos en los números, porque en las encuestas obviamente cada formulario es un formulario que no tiene nombre ni apellido, se le pregunta: legalizar y despenalizar, bueno, entre las dos respuestas, en la última encuesta del 2006 tengo casi un 70 % que quieren legalizar o despenalizar. Y los que quieren reprimir que siempre hay ¿no? es un 10 % y los que quieren tolerar, solo tolerar sin cambiar la legislación, la legalización “light” de Sarlo, es otro 10 %; y hay un 7 % que no sabe.

Quiere decir que la inmensa mayoría, de la gente estaría supuestamente a favor de la Ley de Salud Reproductiva. Las encuestas de opinión pública también muestran una creciente simpatía hacia la Ley de Salud Reproductiva. Las encuestas son poco comparables porque se fueron preguntando cosas distintas en el tiempo, ahora se pregunta directamente sobre la ley, pero la inmensa mayoría en las encuestas declara que sí apoyarían una ley de esas características. Lo que muestran las encuestas más allá, - este dato esta por todos lados - es que la inmensa mayoría de la gente está a favor de la despenalización del aborto, es que quienes están a favor de la despenalización del aborto son los que yo llamaría, los sectores más modernos de la sociedad, son los mismos que votaban al Frente antes. Ahora el Frente se ha popularizado y no solo lo votan los sectores modernos que son los de mayor educación relativa y los más jóvenes, por supuesto mayoritariamente las mujeres, esa es la composición del apoyo a la despenalización del aborto, alta educación relativa, juventud y género.

¿Qué cosas hicieron que la situación en el Parlamento que se presenta mucho mejor con la actual Legislatura no se presente tan buena al punto de que pensemos que se puede perder? Y tanto se puede perder que en la última exposición se están planteando alternativas para cuando se pierda. Lo que ha embromado mucho han sido las declaraciones del Presidente sobre el tema del aborto, que por supuesto no innovó - porque Jorge Batlle también amenazó con vetar porque había hecho un acuerdo con la Unión Cívica – pero dio un argumento explícito, “yo hice un acuerdo con la Unión Cívica”, creo que además Jorge Batlle debía hacerlo porque se había pronunciado a favor de la despenalización de las drogas y porque representaba la figura liberal dentro de su Partido. Argumentó explícitamente que había hecho una coalición con la Unión Cívica para la segunda vuelta y se había comprometido para vetar el tema. Tabaré Vázquez anunció - y los medios también lo amplificaron hasta el absurdo- el tema del veto presidencial. El veto presidencial está establecido en la Constitución de la República artículo 168 y es la atribución presidencial de poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que les remitan al poder ejecutivo y suspender u oponerse a su promulgación. Por supuesto que el veto se puede levantar por el voto de tres quintos de los integrantes de cada Cámara. Pero apenas si se consigue mayoría simple para la ley ¡difícil conseguir los tres quintos! Entonces el veto funciona, las amenazas de veto en este país funcionan como un sistema de disciplinamiento a las Bancadas Parlamentarias. Ya si a las Bancadas Parlamentarias les cuesta tomar una decisión con una amenaza de veto, dicen, “nos sacamos este hierro caliente y chau”. Claro, si dos Cámaras votan en mayoría un proyecto, hay que imponer un veto presidencial.

Pero no es tan sencillo, una cosa es amenazar con imponer un veto, otra cosa es imponer un veto. ¿En qué circunstancias se impusieron vetos? Vetos se impusieron y el que más impuso vetos fue el Presidente Sanguinetti en su primer período, porque tenía un Parlamento complicado, era el primer período pos-transición y el Poder Ejecutivo quería tener más o menos controlada la cosa y a veces no la controlaba muy bien; la controlaron mucho mejor cuando aprendieron a hacer coaliciones. El Frente la controla mucho mejor que los demás porque tiene su propia Bancada. Lo que indican los estudios del veto es que cuando el Presidente es débil, tiende a hacer mayor uso del veto, un Presidente es débil cuando tiene una Bancada muy reducida o cuando la Bancada es muy indisciplinada. Ninguna de las dos condiciones se cumple en este momento. La Bancada es muy disciplinada y es una Bancada grande, es una Bancada mayoritaria. La otra razón para interponer un veto es que el Parlamento vote una medida impopular o que un Presidente considere impopular, en ese caso también puede haber una tentación vetista. No parece ser el caso de la despenalización del aborto y los números que indican estas encuestas, tanto de elites como de opinión pública, dan un paisaje más o menos razonable sobre nuestra situación de conciencia al respecto.

Hablando de situaciones de conciencia ahora vamos al tema sobre el cual habló Sarlo: el Presidente esgrimió razones de conciencia, pero no me voy a referir más al Presidente porque creo que muchos esgrimieron razones de conciencia. Muchos Parlamentarios esgrimieron razones de conciencia, las razones de conciencia médica parecen difíciles de creer, dado que tengo unas declaraciones del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay del año 2004, - no sé en que está el Sindicato Médico ahora - señalando que la legislación actual en el Uruguay viola todas y cada una de las principales características de la asistencia en salud. Referido sobre todo al tema de las muertes maternas. También el Sindicato Médico, en esa oportunidad, consideró su deber expresar se posición a favor de la despenalización del aborto, sacando las objeciones médicas. El Proyecto de Salud Reproductiva preveía que los médicos podían hacer objeción de conciencia, pero en caso contrario tienen que practicarlo como acto médico, porque el proyecto, que además es un proyecto de avanzada, no solamente incluye la despenalización sino la obligación de incluirlo como acto médico que será practicado por todas las instituciones de salud públicas y privadas, es decir genera una política al respecto.

Las otras razones de conciencia son básicamente las convicciones religiosas. Este aspecto es muy importante porque una de las principales variables que influyen en la opinión de los ciudadanos, tal como lo muestran las encuestas, para estar a favor o en contra del aborto inducido, es la religión. Lo cual no quiere decir que muchas personas que confiesan pertenecer a una religión estarían a favor de la ley, pero los ateos están mucho más a favor de la Ley de Salud Reproductiva que las personas que expresan convicciones religiosas de distinto índole. Las convicciones religiosas son parte de la moral privada, al menos en este país donde la Iglesia y el Estado se separaron tempranamente, y acá viene el tema del Parlamento. Yo quiero que la decisión la tome el Parlamento, porque de las tres instituciones que mencionamos, la Corporación Médica, el Poder Judicial y el Parlamento, el Parlamento es la única institución que tomaría una decisión colectivamente, porque los jueces tienen normas que aplican según su entender individual, por eso hay tanta diferencia entre un Juez y otro y los médicos ni qué hablar. Entonces yo quiero una solución colectiva para esto que es un acto practicado por las mujeres, que es un acto que pertenece a las decisiones privadas, pero que está regido por las normas públicas. Yo quisiera una decisión colectiva, no quisiera quedar en manos de la interpretación que jueces o médicos hagan de las normas que ya existen, porque eso nos deja al arbitrio en el que estamos. En el arbitrio en el que estamos nos iba relativamente bien en la despenalización “light”, hasta que comenzó una política bastante más represiva. Cualquiera que se haya enfrentado con un caso de este tipo sabrá que prácticamente las clínicas donde se practicaban abortos han desaparecido del Uruguay, lo que queda, es horrible. Pero, como la industria farmacológica ha absorbido buena parte del progreso científico técnico hoy existen soluciones farmacológicas aunque también se practican de cualquier manera. Son las que más tienden a practicarse con enormes problemas para el seguimiento de la salud de las mujeres que recurren a esas soluciones. También ustedes saben que en la medida que las prácticas represivas se hicieron más crudas, ser mujer y llegar después de haber usado un fármaco de este tipo al mutualismo o al Hospital público con honrosas excepciones, la enfrenta a que el médico de guardia le diga, “ni me cuentes lo que hiciste porque te tengo que denunciar”. Eso está siendo hoy moneda corriente y eso forma parte de un retroceso cavernícola que estamos experimentando en esta despenalización “light”. Muchas veces me he preguntado hasta qué punto la discusión pública de la Ley de Salud Reproductiva no ha contribuido a esto, pero en esto estamos y me parece que nuestro modus vivendi de la despenalización “light” no está sobreviviendo. Más allá de que eso genera mucha vulnerabilidad, porque basta que cualquiera se levante en nombre de la Ley y diga la denunciamos, creo que ese modus vivendi terminó.

¿Qué pasa con los Parlamentarios y su derecho de conciencia? Los Parlamentarios están ahí para representar a los ciudadanos, están en función de su representación. Para ser Parlamentario se necesitan votos, no se hace un concurso, no se necesitan habilidades especiales, ni hacer estudios universitarios, ni ser una excelente persona, se necesita representar al ciudadano. Por supuesto que todos querríamos que los Parlamentarios fueran lo mejor de todos nosotros, pero seguramente no nos pondríamos de acuerdo con qué es lo mejor de todos nosotros, pero su legitimidad descansa en su representación. Un Parlamentario debería decidir en función de lo que es el estado de la conciencia pública sobre un tema y nunca en función de su conciencia privada. Si su conciencia privada le impide tomar posiciones, lo inhabilita para tomarlas. Si yo soy un Parlamentario y tengo una objeción de conciencia muy fuerte para esto, me retiro de sala. Pero no pudo anteponer mi conciencia privada a mi conciencia pública, eso forma parte del principio político por el cual los Parlamentarios están en ese lugar, que por otra parte es el lugar más representativo de la Democracia. Solo que los Parlamentarios y la política en general tienen un límite para decidir y ese límite son los derechos inalienables de los individuos. La mayoría de los Parlamentarios podrían ponerse de acuerdo con violar los derechos de una minoría y no deberían poder hacerlo por más que tuvieran el principio mayoritario de la Democracia y esto es una discusión de política que se da mucho. ¿Qué pasa si la inmensa mayoría de la gente quiere matar a una minoría, - hay ejemplos en la historia sobre eso- no pueden, porque ahí el principio de la mayoría democrática es nulo.

¿Cuáles son los derechos que están en juego con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? Y no voy a considerar los derechos del feto, porque me parece la discusión más bizarra que he escuchado en mi vida. Los Derechos Humanos se tienen desde que se es humano pero ustedes saben que esa discusión se da y yo la he escuchado en el Parlamento. En principio no voy a pronunciarme sobre los derechos del feto, sino que voy a pronunciarme sobre los derechos de los seres humanos. Creo que las mujeres han luchado mucho por la igualdad de derecho, la igualdad de tener la misma remuneración por la misma tarea, de tener derecho a participar políticamente a través del voto, de tener derecho a participar políticamente teniendo presencia en las listas, han luchado para que las responsabilidades domésticas sean compartidas entre hombres y mujeres, pero la lucha por el derecho a decidir la interrupción voluntaria de un embarazo, no es una lucha por la igualdad de los géneros, es una lucha por la libertad. E increíblemente a las luchas por la libertad les ha ido bastante mejor en el planeta que ha las luchas por la igualdad. Solo que en el caso de la desigualdad de género las luchas por la libertad están perdiendo frente a las luchas por la igualdad de género. Porque, es muy difícil argumentar - y ahora voy a lo de Sarlo- es muy difícil argumentar que la interrupción voluntaria del embarazo es una libertad de las mujeres y por consiguiente es una decisión por la sola voluntad de la mujer. En parte porque las tradiciones poco liberales del Uruguay indicarían que las decisiones sobre nuestro cuerpo no las podemos tomar nosotros mismos, pero yo creo que hay una falta de discusión argumentativa y moral sobre esto. El principio de la libertad del propio cuerpo, es el primer principio argumentativo con el que terminó la esclavitud. Uno puede alquilar el tiempo, si quiere ocho horas por día o diez horas por día, pero ser esclavo es que el cuerpo le pertenezca al otro. Ahora la esclavitud nos parecerá una visión antigua o vieja, pero fue la institución de vida social de este planeta que más tiempo duró y hubo que argumentar contra la esclavitud y el principal argumento contra la esclavitud fue el argumento de la libertad del propio cuerpo. Por supuesto que los argumentos sobre la libertad del propio cuerpo darían para otros debates que trascienden este debate, o que son distintos al debate sobre la libertad de interrumpir un embarazo, como por ejemplo, los debates o las discusiones sobre si tengo derecho a vender un órgano de mi cuerpo están vinculados a este mismo asunto y ya se han planteado. Yo quiero que se resuelva esto políticamente y no dejarlo en manos de los jueces o de los médicos, la política en el Uruguay cuando funciona bien, es decir cuando no es una pura reproducción de los intereses dominantes de una sociedad, la política puede llegar a ser una adelanto con respecto a una sociedad. La política de sanción de una legislación de avanzada en el Uruguay para mujeres, es una política de adelanto con respecto al estado en que esta sociedad estaba. La política tiene sus muchos defectos, pero es bastante más democrática, la política, claro, si uno vive en una Democracia.

El Uruguay había tenido una política capaz de ser más moderna que la propia sociedad y por eso una sociedad que era relativamente atrasada, aunque fuera de avanzada en el resto del continente, sancionó las leyes que sancionó, la de ocho horas, los derechos de la mujer, el divorcio, eso también tenía que ver con otras cosas, pero nosotros venimos de tradición, de la tradición de una política que avanza sobre la sociedad. Entonces en esa medida tendemos a esperar de los políticos -que no solo representen a la sociedad, sino que estén dos pasos adelante de ella.

Nosotros hemos vuelto para atrás en ese sentido, en esta relación entre política y sociedad y yo creo que la Dictadura es en buena medida responsable de lo que pasó. Nos volvió terriblemente represiva de los derechos, además no solo físicamente sino simbólicamente y nos volvió bastante más cobardes, más incapaces de argumentar inevitablemente. Y esa pienso yo, que es la explicación de por qué estamos atrás en tantas cosas, no solamente en materia de legislación sobre salud reproductiva.

No voy a traer el debate sobre los Derechos Humanos y la Ley de Caducidad pero somos un atraso también en ese sentido y somos un atraso en el tema de las cuotas partidarias, porque se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero por Dios todos los países de América Latina, Perú, Guatemala tienen algún sistema de cupos partidarios y el Uruguay no los tiene, no los tiene, no porque estemos mucho peor que Guatemala, sino porque acá todo es político y solo se hace lo que la política decide y la política está reaccionando en forma retardada con respecto a la sociedad, me parece a mi que eso es lo que está pasando.

Y en el caso del aborto con estos datos de las encuestas me parece que es ejemplificante de lo anterior. Quizás la prueba más evidente sea que el aborto, la legislación represiva del aborto y la práctica represiva del aborto, no han impedido nunca que las mujeres practiquen el aborto, lo practican en condiciones cada vez peores pero lo practican. Yo que soy una fumadora y sufro terriblemente con el Decreto del Tabaco, pero me he dado cuenta de la rapidez con que el opresor que llevamos adentro se instala, porque nadie fiscaliza o casi nadie fiscaliza, este país no tiene condiciones de fiscalizar que la gente fume, pero no fuma nadie, no fuman ni adentro de las casas, la capacidad que han tenido de internalizar la norma anti- tabaco a los uruguayos revela lo que los uruguayos son: “sabremos cumplir”, está en el Himno Nacional, somos legalistas absolutamente. Sin embargo con el aborto esto no funciona y no porque seamos transgresores, somos todo lo contrario de lo trasgresor, si ustedes miran los estudios que se hicieron con la última Encuesta Nacional de Fecundidades, ¿qué es lo que considera una buena sexualidad los adolescentes? se cortan las venas, la buena sexualidad es la sana, no la que de placer, el principio del placer está olvidado hace tiempo, es la sexualidad sana, eso somos los uruguayos. En ese contexto la práctica del aborto sigue, quiere decir que es una norma que se da muy de bruces con nuestras convicciones más profundas, sino la acataríamos, aunque nadie nos penalizara. Es una norma que además es socialmente regresiva porque castiga a la mujer de menores ingresos, porque las mujeres de mayores ingresos, más o menos se las ingenian, pero no solamente por un problema de plata o de información, sino de capital socia, de saber dónde, con quién, de influencia, entonces penalizamos a las mujeres de menores ingresos.

Las mujeres seguirán practicando el aborto en el Uruguay porque además hay una combinación que es fatal, yo creo que en veinte años vamos a mirar esta discusión como bizantina, pero bueno quizás ya no estemos aquí, ni la podamos mirar. Hay dos elementos que conspiran contra cualquier normativa de discriminisación del aborto, una es la revolución sexual que ya pasó, la edad de inicio en las relaciones sexuales se ha adelantado y eso cualquiera lo sabe; también tenemos estudios que indican que entre el inicio de las relaciones sexuales y adoptar un comportamiento contraceptivo, adoptar un método anticonceptivo - porque adoptar un método anticonceptivo no es usarlo una vez, es una conciencia de la cosa - pasan al menos dos años. En eso dos años el nivel de riesgo que sufren las adolescentes, de riesgo de contraer un embarazo es altísimo. Son números, eso se sabe, se pueden hacer campañas, etc. etc. pero siempre vamos a tener un desfasaje entre el inicio de las relaciones sexuales y la adopción de un método anticonceptivo y en esta franja de edad, que son las jóvenes vamos a tener un alto nivel de embarazos no deseados; a los cuales la práctica criminalista del aborto lo único que hace es generar secuelas para siempre jamás. Pero entre la revolución sexual, el retraso en la edad de inicio en las relaciones sexuales y la revolución farmacológica, el tema del aborto se va a plantear en otro escenario, nosotros seguiremos luchando por nuestros derechos y por nuestras libertades, pero ese escenario va a ser un escenario en el cual la represión del aborto va a ser prácticamente impracticable. ¿Qué podemos hacer los uruguayos? Podemos hacer campañas de salud reproductiva que son las que están dispuestos a votar los parlamentarios, todos menos el Artículo 2, podemos mejorar el conocimiento de los métodos anticonceptivos, pero siempre va haber una mujer que quede embarazada sin quererlo, siempre habrá una mujer que tenga que practicarse un aborto y mientras no lo impidamos, el desfile de horrores que hemos visto hasta ahora nos seguirá acusando con el dedo.