LA DIARIA | POLITICA | 27/09/2010 | Pág. 3

Licencia por examen.

Estado uruguayo será evaluado en materia de derechos económicos, sociales y culturales

La instancia tendrá lugar el 2 de noviembre en Ginebra. Ese día una delegación del gobierno, en representación del Estado uruguayo, será sometida a las preguntas que un comité de expertos de las Naciones Unidas realizará sobre la base de dos informes, uno oficial y otro elaborado por las organizaciones, a los cuales accedió la diaria.

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) tiene como cometido monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional del mismo nombre (PIDESC), al que nuestro país adhirió en 1967. En setiembre de 2009 se firmó el protocolo facultativo, lo que posibilita, entre otras cosas, presentar denuncias individuales o colectivas. El trámite se completará una vez que el Estado lo ratifique con la aprobación de una ley y con ese propósito el Ejecutivo enviará en los próximos días el proyecto al Parlamento.

Uruguay será el tercero en ratificarlo luego de Ecuador y Mongolia.

"Como gobierno, pretendemos poder liderar este proceso porque estamos comprometidos con los derechos económicos, sociales y culturales en el sentido de que no sean de "segunda generación", que no sean percibidos de esa manera y que tengan visibilidad", explicó a la diaria el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Scagliola. En este contexto, el jerarca adelantó que también se ratificará el protocolo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado en 2007.

Sobre el estado de los DESC, nuestro país había sido examinado en 1994 y 1997. En noviembre se pondrá al día con el tercer y cuarto informe en forma simultánea. En tanto, los integrantes del Capítulo Uruguay de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) -las organizaciones que trabajan en estos temas- elaboran uno "alternativo" o "sombra". "No contesta el informe del gobierno. Se trata de percepciones desde una perspectiva de derechos sobre la política pública en estos temas", aclaró a la diaria Margarita Navarrete, del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur.

Sin cautela Los DESC refieren a la migración, la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, la familia y la igualdad.

En este último punto se focaliza la atención de las organizaciones, especialmente en la violencia doméstica, resaltó Navarrete.

Reconocen el avance legislativo para prevenir la violencia contra la mujer y sobre esa temática específica (Ley 17.514).

No obstante, denuncian la falta de garantías por parte del Estado para evitar el incumplimiento de las medidas cautelares, en especial la del no acercamiento del agresor a la víctima. La mayoría de las 25 mujeres asesinadas en 2010, ejemplifican, había acudido a la Justicia y estaba amparada en esa medida. El gobierno reconoce que la violencia doméstica es "una de las expresiones más flagrantes de la subordinación de las mujeres" y en ese sentido las organizaciones reclaman que existan albergues para las víctimas y la capacitación de los operadores jurídicos.

Critican que no haya datos oficiales sobre casos de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género e instan a sistematizarlos.

Al respecto, Scagliola recordó que ya está en proceso el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, cuyo lanzamiento fue postergado este mes luego de la movilización de los colectivos afro (ver la diaria del 15/9/2010).

En el capítulo sobre igualdad también se incluye una visión crítica del proceso de aprobación de la ley de cuotas, a la que describen como "acotada e incoherente" con la normativa internacional. El informe país destaca como acciones positivas hacia la participación femenina en política la creación del portal Parlamenta y la Red de Mujeres Políticas como herramientas de empoderamiento.

Nada de ocio En términos de "protección a la familia", los integrantes de la PIDESC recomiendan que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 18 años para hombres y mujeres, ya que actualmente el criterio es "muy bajo y discriminatorio" dado que las niñas pueden casarse a los 12 y los niños a los 14. En cuanto al trabajo, ambos documentos subrayan la discriminación contra la mujer en este ámbito. Si bien las brechas entre las tasas de actividad y empleo entre los sexos se han reducido, el desempleo femenino es entre 60% y 80% superior al masculino.

Ambos materiales también resaltan que la incorporación al mercado laboral no ha eximido a las mujeres de los roles asociados a la reproducción que tradicionalmente le son asignados. El oficial destaca como una mejora, entre otras cosas, la legislación que penaliza el acoso sexual en el trabajo y la instalación de la negociación colectiva para el sector doméstico. En este punto, las ONG exigen que el Estado provea de servicios de apoyo a las tareas de cuidado, principalmente para los sectores más pobres, en los que recaen además los problemas de acceso a la vivienda.

Desde la sociedad civil se hace un llamado de atención sobre la situación de ocio en la población carcelaria. Se cita una encuesta que refleja que el 13% de los privados de libertad dice estar trabajando y que, de ese porcentaje, sólo 7% es remunerado.

La recomendación es que el Estado "cumpla con las normas sanitarias e higiénicas internacionales para satisfacer adecuadamente las necesidades" de los presos de manera tal que garantice sus derechos al trabajo y a la educación. Lourdes Rodríguez


Debe rendir más

El informe "alternativo" tiene 21 páginas; el oficial, 78. En un principio alcanzó las 300, pero con esa extensión no fue aceptado por el Comité DESC. Scagliola entiende que el hecho "no es menor". "El gobierno no tuvo la capacidad para hacer la mejor síntesis. Tenemos que ser conscientes de que debemos desarrollar la capacidad del Estado para dar a estas instancias de examen la importancia que tienen. Vamos mejorando pero faltaron recursos humanos", indicó. Por esa razón, adelantó que la Dirección de Políticas Sociales elaborará un sistema de indicadores para monitorear de forma permanente los DESC. "Hoy los indicadores son básicamente de resultados, pero faltan los estructurales y los de proceso" que, según dijo, tendrán énfasis en "la igualdad y la no discriminación", apuntando principalmente a las poblaciones trans y afro.