Line
Bareiro
Agradezco a las compañeras
de Cotidiano Mujer por haberme invitado a este acto. Estar aquí
me permite pagar una partecita de una gran deuda histórica
que tenemos las feministas paraguayas con el Uruguay. La deuda
la hemos contraído en el año 1918, cuando Paulina
Luisi contribuyó de manera decidida a la formación
del Centro Feminista Paraguayo, el primer grupo feminista de
mi país que presentó en 1919 un proyecto de igualdad
civil y política para las mujeres en el Paraguay.
Las
sufragistas como Paulina Luisi, rompieron con las formas tradicionales
de hacer política de las mujeres, que significó
nada menos que la ruptura de la aceptación de la subordinación
de las mujeres influyendo a través de los hombres con
poder, o llevando comida a los presos políticos pero
sin ser ellas mismas las protagonistas, o haciendo trabajo de
base en los partidos políticos, sin reclamar investidura.
Las sufragistas nos legaron la ciudadanía, el derecho
a gobernar y a decidir quién gobierna, la importancia
de colocar en el debate público nuestros problemas y
propuestas. Las sufragistas como Paulina Luisi dieron el paso
de la influencia a la investidura para las mujeres.
Como
feminista y socialista, ella luchó por dos igualdades
que hasta hoy son difíciles de conjugar, la igualdad
social y la igualdad entre mujeres y hombres. Ella comprendió
que la democracia es un sistema capaz de incluir la diversidad
societal en la representación y el procesamiento de sus
distintos problemas y reivindicaciones en el sistema político.
El voto se conquistó en cada país de nuestra América
Latina entre 70 y 40 años atrás. Pero el acceso
a la representación política fue sólo simbólica,
excepcional y menor acceso aún tuvieron las mujeres al
gobierno, a los Ejecutivos. Así, durante muchos, muchos
años, se volvió a resignar las ideas de profundización
de la democracia con el aporte de las mujeres en la legislatura
y en el ejercicio de poder en el Ejecutivo.
La
conquista de la ciudadanía femenina como el más
alto status jurídico dado por una comunidad política,
fue un paso fundamental, pero el ejercicio de los derechos políticos,
y también de los económicos sociales y culturales
tuvieron importantes restricciones provenientes de la propia
institucionalidad, de la construcción subjetiva de la
ciudadanía por parte de las mujeres y de una cultura
política que sin grandes cuestionamientos aceptaba la
exclusión de las mujeres, de los pueblos indígenas,
de la población negra.
Notablemente,
las dictaduras nos igualaron a mujeres y a hombres. Nuestra
ciudadanía, como la de los hombres democráticos,
fue ejercida entonces como resistencia. No voy a describir lo
que hemos padecido hombres y mujeres en las dictaduras, pero
cada vez que nos tratan como recién llegadas a la política
y que nos dicen que tenemos que ganar nuestro espacio político,
pienso que si las mujeres no hubiesen sido parte activa de las
luchas antidictatoriales seguramente no habrían habido
tantos niños y niñas secuestrados por los asesinos
de sus madres y que algún significado tendrá que
el caso más conocido del operativo cóndor es el
de un hombre y una mujer uruguaya secuestrada en el Brasil.
La
nueva ola democratizadora de nuestra región entre los
años 80 y 90 coincidió por una parte, con la derrota
del bloque comunista, el avance neoliberal, las tendencias homogeneizadoras
y la pérdida de derechos sociales, pero también,
con la reorganización del movimiento de mujeres que siguió
expandiéndose en diversos espacios, reclamando al mismo
tiempo un lugar en la conducción de la democracia, la
modificación en las relaciones familiares, incluyendo
políticas contra la violencia doméstica, la autonomía
personal, la libertad en la sexualidad y en la reproducción,
incluyendo la despenalización del aborto, así
como la creación de mecanismos nacionales impulsores
de la igualdad real entre los sexos, principalmente mediante
la incorporación efectiva de la perspectiva de igualdad
de género en todas las políticas públicas
y en las actuaciones de todos los poderes del Estado..
El
mayor obstáculo con el que se encontraron las mujeres
en la política fue, por una parte, concepciones restringidas
de democracia y por la otra, la pérdida de la igualdad
como valor incluso en la izquierda. Un mecanismo ideológico
impresionante operó para convencer que una mitad de la
humanidad es lo universal y la otra mitad es solamente un particular.
Si la humanidad fuese una naranja, la mitad masculina se convirtió
en la naranja entera y la mitad femenina en un gajo solamente,
un acto de prestidigitación que duró siglos.
Muchos
países adoptaron cuotas mínimas de participación
de mujeres, aunque en muchos casos no hubo una adecuada sintonía
de la medida de acción positiva con los sistemas electorales.
De todas maneras, los dos únicos países de la
región que superan el 30% de representación femenina
en los parlamentos y el que supera el 20%, tienen cuotas mínimas,
en tanto que todos los que tienen baja representación
es decir, menos que el 10% no tienen cuotas.
Uno
de los principales argumentos en contra de las cuotas era que
ese país, cualquiera fuese, era tan democrático
e igualitario que no precisaba de ninguna acción positiva.
La confianza en el mercado como generador de igualdad, alcanzó
también a la izquierda en materia política, aunque
lo refutase vehementemente en lo económico.
En
junio de 2000 Francia nos estremeció. Ubicado hasta ese
momento en la penúltima posición en la Unión
Europea en cuanto a representación política de
las mujeres, aprobó la paridad para todos los cargos
sometidos al voto popular. Ya no se trataba de un mecanismo
que mejore la representación femenina, de establecer
una compensación, sino directamente de establecer mecanismos
para una igualdad real. La paridad es la igualdad. En ese mismo
año, Ecuador estableció una cuota progresiva hasta
el 50% y actualmente están en el 40%.
En
España, la derecha superaba ampliamente a la izquierda
en cuanto a mujeres cabezas de lista, pero el hoy presidente
del gobierno, revirtió por decisión propia esa
situación, nombrando un gobierno paritario, no sólo
en el número sino también en cuanto a la importancia
de los ministerios ocupados por mujeres y hombres.
Hoy,
en el Uruguay, se lanza la campaña 50-50, dirigida a
todas las candidaturas. Las encuestas nos muestran que puede
haber un cambio en la historia política uruguaya, ya
que por primera vez la izquierda tiene posibilidades ciertas
de convertirse en gobierno. Ese gobierno tendrá sin dudas
muchas limitaciones para tomar las medidas imprescindibles para
revertir el crecimiento de la desigualdad social, de concentración
del capital y de aumento de la pobreza.
Pero
también habrá retrocesos, pues es seguro ya, que
habrá menos mujeres parlamentarias. Sin embargo, hay
algo que sí puede hacer el gobierno que resulte electo:
puede nombrar un gabinete paritario. Para eso, solamente se
necesita de la voluntad del futuro presidente de la República,
de su equipo más cercano y de el o de los partidos que
ganen la elección.
Habiendo
en el Uruguay suficientes mujeres calificadas para ocupar los
cargos, la disyuntiva es sencilla, la voluntad de profundizar
la democracia se demostrará en el primer acto de gobierno,
si se nombra a igual número de mujeres y hombres en el
gabinete y en todos los cargos de confianza, nos indicará
que hay disposición de marcar la diferencia, de hacer
realidad los discursos, si no, tendremos una vez más
esa profunda tristeza de que cada vez nos cuesta más
entender las diferencias entre derecha e izquierda, porque se
parecen demasiado, en sus políticas y en sus justificaciones.
Lo
más importante de esta iniciativa ciudadana, de esta
alianza entre mujeres políticas y el movimiento feminista,
es que está creando el clima favorable para que haya
un gobierno 50-50, un eficiente mecanismo generador de igualdad
entre los sexos y el desarrollo de políticas públicas
que permitan la autonomía de las mujeres como soberanas
de sus cuerpos, compartiendo las responsabilidades y el tiempo
familiar con sus hombres, y enriqueciendo la convivencia social
de manera a romper con las nuevas segregaciones y la naturalización
de la pobreza y la exclusión social y construir una efectiva
universalidad de derechos humanos y ciudadanos.