Bolivia Cotidiano Nº 42

Carmen E. Sanabria,
Mercedes Nostas,
María Jenny Román

El nuevo gobierno sustentado en fuerzas sociales y políticas fundamentalmente de origen campesino e indígena, visibiliza actores, visiones y lecturas de la sociedad boliviana, que apelando a recursos discursivos de lo popular, lo indígena, lo rural, lo andino comunitario y colectivista, la Bolivia “profunda”, buscan cambios en las relaciones de poder del actual Estado considerado colonial.
Motivadas por la invitación para escribir sobre la realidad de nuestro país en esta nueva coyuntura, que muchos/as caracterizan como de “transición histórica”, presentamos un conjunto de reflexiones escritas a varias manos1 y en clave de conjeturas y provocaciones, aclarando que se trata de una mirada que parte desde nuestras visiones feministas y desde un punto de vista de quienes vivimos en Santa Cruz, región oriental de Bolivia.

Nos anima un afán de abordar y compartir algunas dimensiones complejas y desafiantes que presenta el contexto y el momento político, tratando de recoger algunas tensiones al interior del movimiento de mujeres así como sus implicaciones para los avances del feminismo.

¿Y las mujeres?

El movimiento de mujeres, en sus diversas vertientes ha sido un sujeto político en el país en las últimas tres décadas. En este momento, las mujeres campesinas organizadas en la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, mujeres cocaleras y trabajadoras del hogar, son una importante fuerza política en el actual esquema de gobierno, perfilándose como hege-mónicas en el nuevo bloque de poder emergente de las elecciones de diciembre de 2005 y desplazando a las mujeres urbanas y profesionales, fundamentalmente del ámbito de las ONG, que habían ejercido un alto nivel de interlocución y mediación con el Estado.

Aunque es temprano para formular afirmaciones categóricas respecto a posibles retrocesos o a virtuales avances en la situación de las mujeres, podría ser ilustrativa del momento actual la relación de dos situaciones que perfilarían orientaciones y tendencias desde que el gobierno asumió el poder.
El Viceministerio de la mujer, el género y las cuotas

El Viceministerio de la Mujer, mecanismo de género dentro del Estado, ubicado durante las anteriores gestiones de gobierno en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, significó un logro para las mujeres. Aunque instrumentalizado por los partidos neoliberales y limitado en su concreción por el propio carácter de las políticas de ajuste estructural y la ideología patriarcal de los operadores políticos, viabilizó una política de Estado y la posibilidad de la transversalización del enfoque de género así como su abordaje en el área del desarrollo económico y productivo.

La nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo recientemente sancionada, sitúa este mecanismo en el Ministerio de Justicia. Esa medida tiene diversas implicancias puesto que, por una lado, representa una pérdida de su nivel jerárquico y de su ubicación estratégica en la estructura del Ejecutivo. Por otro lado, limita las posibilidades de incidir transversalmente en los diferentes sectores de la administración, con el riesgo de restringir su accionar al ámbito del propio Ministerio de Justicia.

El movimiento de mujeres articuló acciones para que el mecanismo de género fuera ubicado en el recién creado Ministerio de Planificación, considerando las posibilidades de incidir estratégicamente en la planificación de políticas económicas, sociales y culturales del país. El proceso puso en la mesa un conjunto de tensiones políticas e ideológicas internas al movimiento de mujeres y frente a las fuerzas populares en función de gobierno. En palabras de la feminista Lupe Pérez, de Santa Cruz:
... las tensiones de clase, urbanos- rurales, de culturas, de posiciones políticas e ideológicas y otras, están en la base de nuestra negociación por el mecanismo del Estado para atender los problemas de discriminación de las mujeres...

El discurso esgrimido para justificar ese cambio institucional recurrió a varios argumentos, entre ellos a la presencia de mujeres en el poder ejecutivo, en cargos “tradicionalmente" reservados a los varones (Ministerios de Defensa, Desarrollo Económico y Productivo, Justicia y Salud), asumido como un asunto de primer orden para el gobierno. Julieta Montaño (Artículo, ¿Por qué el Viceministerio de la mujer o de género?, 2006) muestra que se señala “la desaparición del Viceministerio de la Mujer por considerar su existencia discriminatoria e innecesaria, ya que al existir mujeres en el gabinete ya no se justifica el funcionamiento de un mecanismo especial para las mujeres. La otra propuesta es crear el Viceministerio pero no otorgándole la responsabilidad del diseño, ejecución y seguimiento de las Políticas de Género, sino de la atención de todas las poblaciones vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad (Niñez y adolescencia, tercera edad, etc.)”.

Otro argumento alude a que en los gobiernos pasados ese espacio de género dentro del Estado habría excluido a sectores de mujeres. La diputada nacional del MAS Julia Ramos, dirigente campesina de mujeres de Tarija, expresó que
... las mujeres estamos seguras que ocuparemos importantes espacios de poder, no nos contentaremos con un Viceministerio como reducto de las mujeres, del cual a veces sólo algunas mujeres se aprovecharon … (Boletín Red ADA, 19 de enero de 2006).

Sin embargo, declaraciones previas de representantes del MAS en función de gobierno registradas en el boletín de coyuntura especial de la RED ADA (19 de enero, 2006) muestran posiciones que no condicen con las medidas finalmente adoptadas por el gobierno. Nemesia Achacollo, Diputada nacional por el MAS y ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, manifestaba:
"no se puede pensar en la desaparición del Viceministerio (de la Mujer), más bien las mujeres estamos en pie de lucha para la creación de un Ministerio de Género que se ocupe de trabajar en todos los temas que nos atañen a las mujeres campesinas, originarias del país, lo demás son rumores o malas interpretaciones. Según declaraciones de importantes mujeres dentro del MAS, no sólo el Viceministerio de la Mujer seguirá trabajando, sino que se busca incorporar transversalmente en la estructura de gobierno estrategias y políticas públicas a favor de las mujeres”.

Se puede observar ambigüedad en el discurso y en la práctica de las mujeres en función de gobierno, por la presencia de un cierto nivel de identificación con el tema de género, al mismo tiempo que se lo niega y se lo intenta invisibilizar. Esta ambigüedad está también presente en mujeres del movimiento amplio, que prefieren ser cautas en sus análisis y en sus acciones priorizando el momento político de emergencia de actores tradicionalmente marginados del poder.

Es interesante señalar que en el discurso y en el imaginario de dos líderes campesinas diputadas y en el de la actual Ministra de Justicia se advierte resistencia hacia las propuestas de acción afirmativa, cuando se refieren a la expresión que lo que vale es “ganar los espacios políticos a pulso” (La Prensa, 8 de marzo de 2006) y cuando comentan que la cuota del 30% (instituida por ley) constituye “una limitante antes que un impulso”. La Ministra subraya: “el 30% es una cifra muy uniforme y parece una receta llegada de afuera”, y asegura que ese porcentaje se puede superar. Recurriendo al concepto de “mérito” y a las capacidades, afirma:
Toda mujer tiene que hacer el sacrificio y el esfuerzo, si no se esfuerza y se sacrifica es imposible que le regalen algo.

Hasta el momento se puede observar la inclusión de mujeres en el primer nivel jerárquico de cuatro ministerios. En el poder legislativo la presencia femenina no llega al 20%, disminuyendo varios puntos con relación a la anterior legislatura, tanto en el número de senadoras como diputadas, especialmente en términos de parlamentarias suplentes.

Participación de las mujeres en la Asamblea Constituyente

Desde que en 2002, algunas organizaciones de mujeres feministas de Santa Cruz se involucraron en la movilización popular indígena campesina, demandando la instalación de una Asamblea Constituyente, ha corrido mucha agua. La Asamblea Constituyente como mecanismo participativo de reforma de la Constitución Política del Estado, formulado en la necesidad de construir un nuevo pacto social en la perspectiva de definir un nuevo Estado, nos animó como movimiento de mujeres a participar en ese proceso deliberativo para introducir nuestros derechos y demandas específicas y ciudadanas.

Fueron casi tres años de análisis, discusión y elaboración de propuestas para fundamentar los criterios de equidad, paridad y alternancia en la representación política, en la perspectiva de asegurar la participación y la presencia de las mujeres como asambleístas. Se dedicó un importante esfuerzo para formular un mecanismo electoral que viabilizara el objetivo. El planteamiento fue socializado y compartido entre las múltiples expresiones del movimiento de mujeres en Bolivia, con una alianza implícita que sostuvo una propuesta de paridad para consolidar el 50% de participación de mujeres en la Asamblea Constituyente.

La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, aprobada los primeros días de marzo de 2006, sin embargo, no recoge las demandas de las mujeres. Aunque la norma establece la alternancia en las listas, la fórmula y el sistema electoral adoptado no permite que la presencia efectiva de las mujeres sobrepase el ya clásico 30% de mujeres.

Este resultado ha generado frustraciones respecto a las expectativas puestas sobre ese proceso deliberativo y el pacto social por construirse. En Santa Cruz, voceras del movimiento de mujeres realizaron un pronunciamiento público el 8 de marzo, donde dan muestras de esa percepción evidenciando que la ruta de propuestas de las mujeres confronta mayores escollos y la contingencia de ser relegadas y/o dejadas de lado:
... el 18 de diciembre marcó un hito trascendente para Bolivia: las mujeres nos sentimos parte de esa transformación, iniciamos el camino del fin de estructuras coloniales y racistas. Sin embargo, los hechos demuestran que para nosotras, las mujeres, el camino es más adverso...
Podríamos decir que este proceso da cuenta de una cierta analogía, entre los partidos “tradicionales” y las nuevas fuerzas emergentes, que en el legislativo coincidieron y aunaron voluntades para promulgar una ley que ignoró las demandas y los derechos de las mujeres e incluso avances logrados en otros instrumentos normativos.

Nudos y tensiones en la coyuntura presente

La actual es sin duda una coyuntura de cambios históricos en el país. Respecto a las mujeres y a sus movimientos, algunos nudos y tensiones, puestos en forma sintética nos remiten a:

Los asuntos de representatividad e intermediación al interior del movimiento de mujeres, donde en muchos momentos redes de ONG ejercieron un liderazgo de carácter centralista y clasista, asumiendo la vocería del conjunto de organizaciones, de regiones y sectores de mujeres, la interlocución con el Estado y el sistema político y la concentración del financiamiento desde las agencias internacionales de cooperación.

Un conjunto importante de las ONG de género que se visualizaron con funciones de mediación hacia el Estado, y que en algunos momentos ingresaron a la gestión pública, dotando al mecanismo de género del Estado de interesantes niveles de acción, y que en la actualidad no están siendo tomadas en cuenta.

El estado de complejidad, diversidad y de fragmentación del movimiento de mujeres, que en la actualidad expone unas alianzas disminuidas, y en algunos casos niveles de antagonismo y rechazo público a las agendas de género, especialmente en la zona andina, en tanto dichas alianzas se habían establecido de manera formal e instrumental, por ejemplo entre ONG y organizaciones campesinas e indígenas.

La atribución de legitimidad y de única interlocución válida que se hace desde las fuerzas populares en el poder político en términos de representación de las mujeres, centrada en el sector de mujeres campesinas e indígenas a partir de su origen identitario y su condición de clase, invisibilizándose la situación común de marginación y de exclusión, en tanto género, que éstas tienen con otros grupos de mujeres, urbanas, productoras, feministas, etc.

La ideología y tendencia aymarocentrista, posicionada en el escenario actual, que valoriza un concepto de cultura esencialista y estático, y de relaciones sociales de género basadas en nociones de “complementariedad”, construcción que desconoce las demandas específicas de las mujeres, supone la inexistencia de conflictos de género y puede llegar a justificar situaciones de postergación y discriminación bajo el argumento de derechos basados en “usos y costumbres”. En esta visión es común encontrar afirmaciones como: el machismo es occidental; en el mundo aymara los hombres lideran como jefes de familia y las mujeres complementan.

Un gobierno que puede poner mayor atención para resolver demandas y reivindicaciones de clase, como lo urgente frente al ejercicio pleno de derechos considerados de “carácter individual”, como suelen ser (des) calificadas algunas demandas feministas, desplazadas a un segundo plano y desvalorizadas por concepciones comunitaristas, en boga, que priorizan derechos colectivos y usos y costumbres.

En tal sentido, las prioridades que las organizaciones de mujeres pertenecientes al bloque político emergente podrían colocar en la agenda gubernamental y la gestión pública, están relacionadas a lo que llamábamos “necesidades prácticas de género”, es decir a la satisfacción de necesidades básicas y a garantizar el ejercicio de DESC.

Hay quienes consideramos que la situación actual representa un retroceso, por los factores expuestos arriba. Otras creemos que a pesar de ser un contexto adverso, a través del diálogo y de una construcción de alianzas políticas y acuerdos mínimos entre mujeres es posible recuperar lo que en estos dos meses se ha desvalorizado y avanzar.

En perspectiva tenemos dos escenarios igualmente importantes y estratégicos para nuestras causas: Asamblea Constituyente y sistema de descentralización y autonomías. Allí debemos instalar asuntos de la política feminista: Estado laico, derechos sexuales y reproductivos, acciones afirmativas contra la discriminación y la violencia, reconocimiento de identidades y libertades sexuales, acceso de las mujeres a la tierra, a la representación política y el ejercicio de la toma de decisiones en las estructuras de poder, entre otras muchas demandas.

Pero además cuenta el hecho que nuestro discurso y nuestro quehacer político también debe estar orientado en la perspectiva de colocar propuestas en el imaginario colectivo, donde se construyen valores, referentes y sentidos comunes.

Santa Cruz, 16 de marzo de 2006